El Gobierno peruano anunció que impulsará una histórica reforma del canon minero para redistribuir el dinero público hacia las poblaciones que sufren el impacto directo de la extracción. Guillermo Shinno, titular del ministerio de Energía y Minas (Minem) lanzó la propuesta durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), celebrado en Lima. Esta modificación del presupuesto extractivo busca terminar con años de abandono social, garantizar obras de agua en los caseríos aledaños y frenar los constantes conflictos que paralizan la economía nacional.
Basta de obras inútiles: la reforma del canon minero priorizará a los afectados
Durante años, las autoridades regionales gastaron millones en obras superfluas o dejaron que los presupuestos terminaran en bolsillos corruptos. Las regiones reciben fortunas, pero los fondos se quedan atascados en las capitales provinciales. Por eso, este nuevo reparto de los recursos mineros exige que una cuota de las transferencias llegue obligatoriamente a los distritos y comunidades rurales adyacentes a las minas.
«Hoy el canon se invierte en la capital de las provincias o en cosas que no sirven, y en otros casos se va en corrupción. Tenemos que lograr que parte de ese dinero vaya sí o sí a las comunidades aledañas», advirtió Shinno frente a los especialistas del sector.
Los pobladores reclamarán infraestructura básica y servicios de salud con un respaldo legal renovado. La meta central de aplicar esta reforma del canon minero consiste en hacer visible el beneficio económico de la actividad minera en el día a día de las familias rurales.
El reto burocrático de cambiar el reparto de los recursos extractivos
Cambiar las reglas sobre la distribución de los ingresos mineros no resolverá el problema por arte de magia. El propio Gobierno reconoce que las municipalidades distritales carecen de profesionales capacitados para elaborar expedientes técnicos y ejecutar proyectos de inversión pública a tiempo.
Por este motivo, la reforma del canon minero exige fortalecer las capacidades técnicas en las regiones de manera urgente. Sin una gestión municipal capacitada, los fondos transferidos corren el riesgo de quedarse congelados en las cuentas bancarias institucionales.
En ese sentido, el Perú marca actualmente un récord de transferencias mineras por canon, regalías y derecho de vigencia, por esa razón posiciona a la región Áncash como líder, gracias al impacto de operaciones como Antamina.
La reestructuración del canon como herramienta contra los conflictos sociales
El esquema tradicional de apagar incendios sociales fracasó en el país. El Estado siempre llega tarde, cuando la población bloquea carreteras o detiene la producción de los yacimientos.
Asimismo, esta redistribución del canon minero promueve una gobernanza territorial preventiva. El Estado, las empresas privadas y los dirigentes comunitarios deben planificar el desarrollo de las zonas extractivas mucho antes de que estallen las protestas.
La reforma del canon minero exige una fiscalización firme
Redireccionar el presupuesto minero hacia las comunidades afectadas responde a una demanda histórica justa. Sin embargo, aprobar la reforma del canon minero sin controles ni auditorías estrictas solo trasladará la corrupción a las alcaldías rurales. El Gobierno necesita acompañar esta modificación ley del canon con transparencia total e instituciones capacitadas, porque de nada sirve repartir millones si el agua potable y los colegios dignos nunca llegan a la población.
