ONPE sanciona a Fuerza Popular por utilizar dinero del financiamiento público en gastos no permitidos por ley. La resolución no solo revela irregularidades administrativas, sino que también, expone una preocupante forma de entender el poder y el manejo del dinero público. Y lo más grave no es únicamente que se hayan cometido estas faltas, sino que Keiko Fujimori las respalde y busque revertir la resolución pese a la evidencia presentada.
¿Por qué la ONPE sanciona a Fuerza Popular?
La ONPE sancionó al partido con 36 UIT, equivalentes a 198 mil soles, además de reducirle el 50 % del financiamiento público directo. Según la investigación, Fuerza Popular utilizó recursos del Estado para fines distintos a los permitidos por ley: viajes disfrazados de capacitaciones, retiros espirituales en Europa, pagos de intereses por deudas y hasta una maestría que culminará cuando el partido ya no tenga derecho a recibir financiamiento estatal.
Uno de los casos más cuestionados fue el supuesto “viaje académico a California”, valorizado en casi 28 mil soles. La ONPE concluyó que no se trató de una capacitación técnica, sino de visitas protocolares y recorridos turísticos por San Francisco y empresas tecnológicas. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, fue claro al señalar que no puede considerarse capacitación simplemente reunirse o almorzar con determinadas personas.
El organismo electoral también detectó que Fuerza Popular financió un retiro espiritual en Europa por más de 15 mil soles bajo el concepto de “actividad de capacitación”. Este nuevo caso por el que la ONPE sanciona a Fuerza Popular incluyó visitas a viñedos, catas de vino, misas y espacios de reflexión. La resolución señala que este tipo de actividades no contribuyen a la formación política ni técnica de sus participantes.
Otro punto grave fue el pago total de una maestría en gestión pública de 100 mil soles que terminará en febrero de 2027, fuera del periodo parlamentario 2021-2026, etapa para la cual se entrega el financiamiento público directo. Para la ONPE, permitir estos gastos “sin ningún límite” debilita seriamente la capacidad de fiscalización del organismo.
Sin embargo, el problema de fondo no es solo económico. Lo más preocupante es la reacción política. En vez de asumir responsabilidades, Fuerza Popular cuestionó a la ONPE y respaldó pedidos para remover a Bernardo Pachas antes de la segunda vuelta presidencial.
Ese comportamiento deja una interrogante inevitable: si así administran recursos públicos estando fuera del gobierno, ¿Qué podría ocurrir si regresan al poder?
La política exige transparencia, rendición de cuentas y respeto a las instituciones. Cuando un partido convierte dinero público en privilegios disfrazados de capacitación y luego desacredita a quienes lo fiscalizan, el mensaje que transmite resulta alarmante.
El Perú necesita organizaciones políticas que fortalezcan la democracia, no que busquen debilitar los controles cuando las investigaciones los incomodan. Porque quien no respeta las reglas fuera del poder difícilmente ofrecerá garantías de respetarlas desde Palacio de Gobierno.
