Dos policías detenidos por concusión y un abogado son investigados en Chimbote por presuntamente exigir dinero a un comerciante de gas de Nuevo Chimbote. Según la denuncia, los efectivos llegaron a su vivienda junto con el abogado, quien habría afirmado ser fiscal, para exigirle S/5.000 bajo la amenaza de detenerlo por vender gas de manera ilegal.
Policías detenidos por concusión en Chimbote
Los agentes intervenidos son el suboficial de primera PNP Junior Julmer Asencios Benancio, de 44 años, quien presta servicio en la USE PNP Chimbote, y el suboficial de segunda PNP Antoni Gabriel Solís Morillo, de 30 años, perteneciente a la comisaría de Alto Perú.
La denuncia contra los policías detenidos por concusión señala que ambos efectivos policiales llegaron al domicilio del comerciante acompañados de Alejandro Escajadillo Díaz, abogado de profesión. Según la acusación, el letrado se habría hecho pasar por fiscal durante la intervención.
El comerciante declaró que, por temor a una detención, aceptó entregar dinero. Así, realizó una transferencia de S/1.050 a una cuenta bancaria que pertenecería a un ciudadano venezolano.
Además, denunció que los policías se llevaron dos balones de gas llenos y que, presuntamente, también tomaron S/1.500 que guardaba en un canguro.
Investigación por concusión y banda criminal
La detención de los policías ocurrió luego de que, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la detención preliminar de los dos policías y del abogado. El pedido llegó al Tercer Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El juez anticorrupción Alex Alegre Aranguri aprobó la detención preliminar de los dos efectivos policiales, según la Resolución N.° 01-2026. La medida permitió ejecutar un operativo de allanamiento, descerraje y detención.
La intervención estuvo a cargo de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, con la presencia del fiscal Laureano Añanca Chumbes y abogados de la Defensa Pública.
Los policías detenidos y el abogado afrontan una investigación por los presuntos delitos de concusión y banda criminal, en agravio del Estado.
El caso de los policías detenidos por concusión continuará bajo investigación. La investigación deberá determinar qué ocurrió y establecer la responsabilidad individual de cada involucrado. Mientras tanto, todos los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que la justicia determine lo contrario.
