Un pacto que nació del miedo
El Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en el escudo de los políticos más cuestionados del país. Su reciente fallo que anula los actuados del Ministerio Público en el caso Cócteles no solo libera de responsabilidad a Keiko Fujimori, sino que también confirma el pacto que tejieron Fuerza Popular y Perú Libre para controlar la justicia.
En el fondo, ambos líderes —Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón— compartían un mismo temor: la cárcel. Cada uno acumulaba procesos por corrupción, lavado de activos y abuso del poder. Cuando las investigaciones del equipo especial Lava Jato comenzaron a mostrar resultados, la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo se selló en silencio, pero con un propósito claro: tomar el control del Tribunal Constitucional para garantizar su impunidad.
Cómo se tomó el Tribunal Constitucional
La historia se remonta a la votación congresal de 2022. Fuerza Popular y Perú Libre actuaron al unísono para designar a los actuales magistrados del TC. No fue coincidencia. Ambos bloques necesitaban controlar a la única institución capaz de anular procesos judiciales mediante fallos “constitucionales”.
Con ese movimiento, aseguraron su blindaje. Años después, las consecuencias están a la vista. El TC ya había favorecido a Vladimir Cerrón, anulando sentencias firmes que lo mantenían prófugo. Ahora, con Keiko Fujimori, la historia se repite: el máximo intérprete de la Constitución desarma todo el trabajo del Ministerio Público y frena un juicio oral por lavado de activos y organización criminal.
El golpe al caso Lava Jato
El equipo especial Lava Jato logró reunir pruebas, testimonios y rastros financieros que demostraban el ingreso de dinero ilícito a las campañas fujimoristas. Las investigaciones revelaron los aportes de Odebrecht y otras empresas que usaron a Keiko Fujimori como vehículo político.
Los fiscales enfrentaron presiones, amenazas y campañas de desprestigio. Sin embargo, avanzaron. Hasta que el Tribunal Constitucional intervino y declaró fundada la demanda presentada por Giulliana Loza, abogada de Keiko, paralizando un proceso que estaba en etapa de juicio oral.
La expresidenta del TC, Marianella Ledesma, advirtió que el fallo interfiere en funciones del Poder Judicial y genera una “justicia privilegiada”. Miles de ciudadanos esperan años sin respuesta, mientras que los casos de Keiko y Cerrón reciben atención inmediata.
El Tribunal Constitucional y la justicia en peligro
La captura del Tribunal Constitucional significa mucho más que un fallo polémico: marca un precedente devastador para el Estado de Derecho. Si el TC puede desarmar juicios en marcha, ningún proceso de corrupción volverá a tener garantía de imparcialidad.
El país observa cómo quienes juraron respetar la ley la manipulan para su beneficio. Keiko Fujimori, con tres campañas manchadas por dinero sucio, y Vladimir Cerrón, con sentencias por corrupción, lograron el mismo objetivo: escapar de la justicia gracias al tribunal que ellos mismos ayudaron a nombrar.
Los ciudadanos, en cambio, enfrentan un sistema judicial lento, caro e injusto. Las leyes no son iguales para todos; dependen de quién tiene el poder para doblarlas.
El final de la justicia, el inicio de la impunidad
El Tribunal Constitucional, que nació para proteger la Constitución, hoy la distorsiona. Sus decisiones recientes no defienden derechos, sino intereses. Lo que debía ser el más alto órgano de justicia se ha convertido en un refugio para los corruptos.
Mientras Keiko y Cerrón celebran su salvación, la institucionalidad peruana retrocede. Las mafias políticas han secuestrado el Estado y lo usan para blindarse. Si el TC continúa actuando como cómplice, la justicia peruana dejará de existir, sustituida por la impunidad de quienes temen rendir cuentas.
El pueblo no olvida: los fallos pueden borrar procesos, pero no la memoria ni la verdad.
