El Ejecutivo oficializó el estado de emergencia en cárceles por 60 días en cinco penales de alta peligrosidad de Tacna, Pasco, Lima y La Libertad. La medida, publicada mediante el Decreto Supremo N° 128-2026-PCM, busca desarticular las bandas criminales que extorsionan y ordenan sicariatos desde el encierro. La Policía Nacional mantendrá el orden interno dentro de los recintos, mientras las Fuerzas Armadas tomarán el control militar de los exteriores en un radio de 200 metros.
Alcance del estado de emergencia en cárceles: militares al perímetro y suspensión de derechos
La intervención bajo este estado de emergencia en cárceles abarca los establecimientos de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), además de Trujillo Varones (La Libertad). En estos puntos, las autoridades suspendieron las garantías constitucionales sobre la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Las Fuerzas Armadas no solo vigilarán los accesos terrestres, sino también el espacio aéreo y el espectro electromagnético para bloquear llamadas telefónicas no autorizadas.
El viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio León, ya inspeccionó los alrededores del penal El Milagro en Trujillo para instalar el primer retén militar. Con este despliegue, el Estado busca frenar el libre tránsito de celulares, armas y chips que alimentan el chantaje en las calles.
Inteligencia penitenciaria durante el estado de emergencia en cárceles
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que este plan no busca hacer requisas circenses para la foto. Esta vez, la prioridad recae en la inteligencia integrada entre el INPE, la Policía y los militares. Las autoridades identificarán a los malos funcionarios que facilitan el ingreso de objetos prohibidos y separarán a los reclusos violentos de los presos comunes.
Actualmente, el impacto del estado de emergencia en cárceles focalizadas es crítico: estos cinco recintos albergan a casi el 50% de los reos implicados en crimen organizado. La estrategia pretende romper esa convivencia tóxica que transforma a los penales en escuelas del hampa.
Suspensión de beneficios penitenciarios mientras dure la medida
El Gobierno aplicará un régimen de beneficios diferenciado. Los integrantes de bandas que sigan delinquiendo desde prisión perderán todo derecho a reducir sus penas. Mientras el Congreso evalúa el pedido de facultades legislativas, el primer ministro Luis Galarreta confirmó que el Ejecutivo mantendrá la mano dura. A pesar del despliegue militar, el Decreto Supremo garantiza el respeto a la vida, la salud y el debido proceso de los internos.
Un remedio de excepción ante un mal estructural
La crisis del sistema penitenciario peruano no es nueva, pero la escalada de extorsiones obligó a tomar acciones drásticas. Aplicar un estado de emergencia en cárceles soluciona el problema inmediato de la vigilancia superficial, aunque la verdadera prueba estará en erradicar la corrupción interna del INPE. Si la inteligencia prometida no desmonta las mafias que cobran por ingresar teléfonos y droga, esta declaratoria terminará como una raya más al tigre en la larga lista de medidas ineficaces.
