Deficiente labor fiscal en La Centralita

Fiscal Provincial Elmer Chirre no asiste a las audiencias.

Y el día esperado llegó. Desde antes, los involucrados en el emblemático caso de corrupción de Áncash, denominado “La Centralita” esperaban ansiosamente la llegada del viernes 3 de mayo 2019. A las 09:00 abogados, representantes del Ministerio Público, Procuraduría Pública, acusados, público y prensa, se aprestaban asistir a la reanudación y a jornada completa de las audiencias del caso que, en su etapa de control formal de la acusación fiscal, lleva adelante la jueza María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El trabajo realizado por el Ministerio Público, representado por el Fiscal Provincial Adjunto, Antonio Arévalo Castillo, hasta ahora no estuvo eficiente, no tuvo precisión en sus acusaciones, razón por la cual, ante la evidente incongruencia en varios pasajes de las audiencias anteriores, tuvo que rectificarse y hasta rebajar las penas solicitadas, sin dejar de mencionar que la jueza también en reiteradas ocasiones, le enmendaba la plana, al advertir vaguedades, imprecisiones e inexactitudes en las imputaciones, lo que motivó le  devolviera la carpeta fiscal para que subsane las acusaciones y hasta le dio más plazo para que las consolide.

Fue en abril del 2011, cuando Juan Calderón Altamirano denunció el caso, desde entonces han pasado ocho años y la fiscalía ha tenido tiempo más que suficiente para describir de manera coherente la conducta de los acusados, las circunstancias de sus responsabilidades, dentro de un marco espacial y temporal determinado. El caso tiene como acusados a  4 personas jurídicas y  53 personas naturales, entre ellas se encuentra el expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, considerado el cabecilla de la organización. Al reanudarse la audiencia, nuevamente los fantasmas de la incompetencia y falta de capacidad fiscal volvieron, mostrando las mismas falencias de otras ocasiones, lo que ha permitido que las defensas técnicas, dejen en ridículo al fiscal, desnudando sus limitaciones y escasa preparación profesional para afrontar exitosamente el caso. La propia jueza, ha advertido la debilidad de las acusaciones de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, peculado, entre otras, que van a llegar con poca consistencia a la próxima instancia, que es la de control sustancial.

Esta situación genera una situación de decepción y desesperanza en resolver un caso, donde se han dilapidado recursos públicos, en beneficio de algunos, que llegaron hasta purgar prisión preventiva por 36 meses y que ahora caminan libremente por las calles, inclusive uno de los acusados, Martín Espinal , fue elegido autoridad y hoy es nuevamente consejero regional por Pallasca. La situación envía una pésima señal, cuando los nuevos aires de lucha frontal contra la corrupción emergen en el Ministerio Público, bandera que vienen enarbolando los fiscales del caso “Lava Jato”, dando muestras de capacidad y estudio profundo de los casos en maratónicas sesiones, que la mayoría de la población reconoce y celebra. No podemos decir lo mismo de la fiscalía en este caso, donde el titular de la acción es el fiscal provincial, Elmer Chirre Castillo, que no asistió ninguna audiencia y ha enviado a un inexperto fiscal para este caso, como Antonio Arévalo, que viene realizando un pobre papel no solo en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; sino también, en su deber de velar la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil.

Al término de la audiencia, tenemos por un lado, a un fiscal cabizbajo y con rostro de preocupación; y por el otro, como no podía ser de otra manera, los acusados presentes en la sala, que se mostraban complacidos y hasta se felicitaban con sus abogados, en señal, que todo estaba saliendo bien, según sus propios intereses. Ya es hora, que la Fiscalía Suprema de Control Interno, intervenga para enmendar rumbos en este caso, que de seguir así, es previsible, que muchos queden sin sanción o con penas leves, con lo que se dejaría un halo de impunidad en un caso que debería ser ejemplarizador, para todos aquellos que se aprovechan de los dineros públicos. (Jacinto Rojas)