Por el caso «La Centralita»
Heriberto Benítez, podría pasar 30 años de cárcel, si el Juzgado acepta el pedido de la Fiscalía por el caso «La Centralita».
El excongresista Heriberto Benítez y actual asesor legal del Tribunal Constitucional (TC) es acusado de cometer dos delitos en este sonado caso.
El también, exabogado de Leonor la Rosa y del expresidente Alejandro Toledo, es acusado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y encubrimiento real.
La Fiscalía, también ha solicitado similar sanción para el exgobernador de Áncash, César Álvarez Aguilar, y el exfuncionario de la ONPE, José Luis Cavassa.
En la misma situación se encuentra el exgerente del proyecto irrigador Chinecas, Arnulfo Moreno y el exgerente regional, Hernán Molina.
A ellos, se suma el exjefe de seguridad, José Carmen Ramos, por su presunta participación en este sonado de corrupción, investigado desde el 2014.
Según la acusación fiscal, «La Centralita» era un centro de operaciones clandestino donde se realizaban actividades ilícitas para favorecer los intereses de César Álvarez.
César Álvarez Aguilar, habría liderado una organización criminal cuyo objetivo era el desvío de fondos del GORE Áncash.
Entre las actividades que se realizaban en «La Centralita» estaban el espionaje telefónico, la compra de medios de comunicación, la coacción a opositores.
Heriberto Benítez fue designado recientemente como asesor del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia.
Es acusado de formar parte del brazo político-legal de la organización, brindando asesoría jurídica y protección legal a los integrantes de la red.
Asimismo, se le imputa haber obstaculizado la investigación fiscal y haberse resistido al allanamiento de su vivienda en el 2014.
Emitirán el fallo en forma presencial.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha anunciado que emitirá el fallo del caso «La Centralita» el 4 de marzo de 2024, en una sesión presencial.
Antes de ello, se escucharán las autodefensas materiales de los acusados César Álvarez Aguilar y Modesto Mondragón Becerra, los días 15 y 27 de febrero respectivamente.
La terminación, el emblemático caso de corrupción de Áncash «La Centralita», ha generado gran expectativa en la opinión pública por las implicancias políticas y jurídicas.
De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que van desde los 8 hasta los 30 años de prisión efectiva.
