El caso Chifagate reveló que el empresario chino Zhihua Yang, quien sostuvo una reunión clandestina con el presidente interino Juan José Jerí el 26 de diciembre de 2025, mantiene intereses mineros en Áncash, una de las regiones estratégicas del sector extractivo peruano. La revelación, difundida por Punto Final, intensificó los cuestionamientos por falta de transparencia y motivó denuncias penales por presunta corrupción.
Zhihua Yang registra concesión minera activa en Áncash
Información oficial del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) confirma que Zhihua Yang figura como titular de una concesión minera por minerales no metálicos en el distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, región Áncash.
El derecho minero corresponde a la empresa Minera Yang3, inscrita con el código 0100009023, bajo el ámbito del Ministerio de Energía y Minas. Este dato resulta clave, ya que conecta el escándalo político con una región que concentra importantes recursos estratégicos y elevados flujos de canon minero.
Áncash: región clave en la economía minera del Perú
Áncash lidera la producción nacional de cobre y molibdeno, ocupa el segundo lugar en zinc y figura entre los primeros productores de plata, plomo y oro. Esta fortaleza minera convierte a la región en un territorio altamente sensible frente a decisiones políticas, concesiones y posibles conflictos de interés.
Los intereses mineros en Áncash generan impacto directo en la recaudación del canon, la inversión pública y la gobernanza regional. Por ello, cualquier vínculo no transparente entre empresarios extractivos y el poder político nacional despierta preocupación ciudadana y exige control público.
Reuniones secretas, denuncias penales y crisis de credibilidad
Las dudas sobre la versión oficial crecieron tras un reportaje de Cuarto Poder, que difundió imágenes de una segunda reunión entre Jerí y Yang, ocurrida el 6 de enero, alrededor de las 6:00 p. m., en otro local del empresario. Cámaras de seguridad registraron el encuentro.
Desde Palacio de Gobierno, voceros justificaron la cita señalando que el mandatario acudió “a comprar caramelos chinos”, explicación que profundizó la crisis de credibilidad del Ejecutivo interino y generó comparaciones con episodios del gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.
En este contexto, el exministro del Interior Walter Ayala Gonzales presentó una denuncia penal contra José Jerí Oré por presuntos delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, en el marco del caso Chifagate. El Ministerio Público ya evalúa la acusación.
El caso Chifagate no solo compromete la transparencia del poder político nacional, sino que pone en alerta a Áncash, una región estratégica cuya riqueza minera exige vigilancia ciudadana, control institucional y rendición de cuentas. El desarrollo regional sostenible requiere reglas claras y autoridades sin sombras.
