Un operativo que expone un grave acto de corrupción
El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva para el fiscal adjunto Henry Amenábar, fiscal detenido por soborno en un centro comercial de Miraflores, mientras intentaba recibir tres mil dólares que exigió para paralizar un proceso penal. La Corte Superior de Justicia de Lima resolvió la medida luego de revisar los audios, videos y mensajes de WhatsApp que presentó el denunciante Edgar Zaconetty.
Las pruebas que comprometen al fiscal Amenábar
Los hechos ocurrieron la semana pasada en el baño de un centro comercial, donde el fiscal detenido por soborno recibió un sobre con dinero que entregó Edgar Zaconetty, quien grabó toda la escena y permitió que los agentes intervengan al magistrado segundos después. El denunciante afirmó que Amenábar exigió inicialmente veinte mil dólares y un iPhone 17 Pro Max para su hija. También pidió una compensación adicional en dólares con el argumento de cubrir una operación quirúrgica para su hijo.
El relato del denunciante detalló cómo ocurrió la extorsión. Zaconetty se reunió con Amenábar en un café de Miraflores después de recibir una llamada. El fiscal le ofreció archivar la investigación por presunta estafa a cambio del pago. Durante la conversación, Amenábar afirmó: «Yo debo convencer a mi superior de archivar el caso. Depende de usted». Luego pidió el teléfono celular como “regalo para su hija” y justificó el dinero con la supuesta operación de su hijo.
La cadena de mensajes y la entrega del dinero
Los mensajes de WhatsApp mostraron la presión del fiscal: «Me preocupa no tener noticias suyas. Recuerde lo que le comenté». Zaconetty confirmó que entregó tres mil dólares en un sobre. Amenábar guardó el dinero en el bolsillo interno de su saco y garantizó que resolvería el proceso en una semana. Minutos después, los agentes intervinieron al magistrado. Zaconetty presenció la detención y escuchó la amenaza: «Ya vas a ver».
Un pasado en casos emblemáticos y un futuro incierto
Amenábar integró el Equipo Especial que investigó el caso Odebrecht y participó en el operativo de captura del expresidente Alan García en 2019. Ahora enfrenta un proceso por cohecho pasivo específico y podría recibir una condena que llegue a 15 años de prisión. La Fiscalía abrió una investigación inmediata y solicitará más medidas para impedir riesgos de fuga u obstrucción.
El caso vuelve a mostrar la urgencia de reforzar controles internos y frenar prácticas que dañan la credibilidad del sistema judicial del Perú.
