La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 20 años de prisión contra Wilson Óscar Barrantes Fiestas, conocido como “Suspirito”, por realizar tocamientos de connotación sexual a cinco escolares durante una actividad del Colegio 329 de Chimbote, en Áncash. La condena a payaso en Chimbote quedó firme tras la decisión de la Sala de Apelaciones.
Poder Judicial ratifica condena a payaso en Chimbote
La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones. Con ello, el Poder Judicial confirmó la responsabilidad penal de Barrantes Fiestas por los actos cometidos contra cinco menores de edad durante la inauguración de los juegos deportivos escolares realizada el 28 de agosto de 2024.
Según la investigación fiscal y las pruebas evaluadas durante el juicio, el acusado aprovechó su participación como animador del desfile para realizar tocamientos indebidos a las estudiantes.
¿Por qué se confirmó la condena a payaso en Chimbote?
La defensa del sentenciado apeló la condena e intentó que el proceso fuera declarado nulo. Argumentó que no existían fotografías, videos o testigos directos de las agresiones y sostuvo que los testimonios de las menores presentaban contradicciones.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que la condena a payaso en Chimbote se sustenta en pruebas suficientes. Por esa razón, declararon infundado el recurso de apelación.
H3: Condena y reparación civil se mantienen
La resolución también mantiene el pago de una reparación civil de S/ 5,000 a favor de las víctimas.
El caso generó gran conmoción en Chimbote debido a que los hechos ocurrieron en una actividad escolar y ante la presencia de estudiantes, docentes y padres de familia.
Con esta resolución, el Poder Judicial cierra una etapa clave del proceso y reafirma que los delitos contra menores de edad deben recibir una respuesta firme. Esta condena a payaso en Chimbote marca un precedente en la protección de menores. La decisión también resalta la importancia de denunciar oportunamente cualquier acto que afecte la integridad de niños y adolescentes.
