La fiscalía investiga.
El Gobierno Regional de Áncash (GORE Áncash) desde el año 2016 viene designando al procurador público regional y su adjunto en contra de lo dispone la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, sin que hasta la fecha haya tomado las medidas correctivas, pese a la alerta de la Contraloría General de la República.
En efecto, la Contraloría emitió, a fines del 2020, el informe de Orientación de Oficio N° 048-2020-OCI/5332-SOO, advirtiendo la ilegal situación. En ese sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) señala que, para acceder al cargo de procurador público regional y procurador público regional adjunto, se debe realizar un concurso público de mérito en el cual se haya verificado el cumplimiento de los requisitos.
Por otro lado, según el artículo 78 de la Ley Orgánica de gobiernos regionales, la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un procurador público regional nombrado por el presidente regional, previo concurso público de méritos.
Entre los exprocuradores regionales adjunto de Áncash, designado por esta irregular forma, figura José Enrique Jerí Oré, actual congresista por Somos Perú (SP9 designado por el ahora encarcelado gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa.
Por su parte la Subgerencia de Recursos Humanos aseguró que las plazas de procurador público regional y el profesional adjunto no se encuentran registradas bajo el Decreto Legislativo 276 en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) imposibilitando el nombramiento del cargo mediante concurso público.
No obstante, la comisión de control precisó que en caso haya restricciones en materia presupuestal, la entidad puede recurrir de manera temporal a la modalidad de desplazamiento de personal, que cumpla con el perfil del cargo; en tanto se realicen las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas
Ante los hechos, la fiscalía investiga la designación de funcionarios en la Procuraduría del Gobierno Regional de Áncash, debido que esta situación afecta la legalidad de la designación, el ejercicio de sus funciones y por ende, el logro de metas y objetivos institucionales en la defensa jurídica de los intereses del ente regional.
