Congreso Nacional de Juezas culminó con la Declaración de Trujillo.
Las magistradas reunidas en el Congreso Nacional de Juezas de Trujillo acordaron dictar, de manera eficaz y oportuna, medidas de protección a favor de mujeres y poblaciones vulnerables víctimas de violencia y delitos como feminicidio, trata de personas, violación sexual, entre otros.
Así lo expresaron en la Declaración de Trujillo, con la que concluyó el mencionado cónclave judicial que reunió los días viernes 23 y sábado 24 de setiembre a más de 150 magistradas supremas, superiores, especializadas y de paz de todo el país.
A través del citado documento, las juezas también convinieron en motivar sentencias libres de estereotipos, roles, jerarquías y prejuicios, “derivados de una concepción errónea de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.
“Declaramos nuestro compromiso de seguir aplicando los tratados de Derechos Humanos conforme a la interpretación que de los mismos han efectuado los órganos de protección de los derechos humanos, y en especial las convenciones específicas que proscriben la discriminación y violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables”, señala el escrito.
Asimismo, las magistradas recuerdan a los Poderes del Estado y sus instituciones que existe el compromiso del Estado peruano de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y las poblaciones vulnerables, lo que implica dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos adoptados en el ámbito internacional.
La clausura de la actividad estuvo a cargo de la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género, quien afirmó que “ha sido una brillante oportunidad para que las juezas del país compartan experiencias valiosas”.
Asimismo, se eligió a la Corte Superior del Cusco como sede del segundo Congreso Nacional de Juezas, a realizarse el próximo año.
En el cónclave de Trujillo participaron como ponentes las doctoras Janet Tello Gilardi, presidenta de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, y Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la OCMA; así como la jueza argentina María Pía Leiro.
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