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hace 8 años,
Veintiséis (26) solicitudes de revocatoria de todo el Perú, con las firmas de adherentes exigidas por ley, fueron recibidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al término del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, de ellas ocho (08) corresponden a la región Áncash.
Estas solicitudes buscan poner término al mandato de autoridades de ámbito distrital durante la consulta popular de revocatoria prevista para el 11 de junio de 2017.
La Secretaría General de la ONPE evaluará las solicitudes recibidas y de cumplir con los requisitos legales, se procederá a su admisión. En aquellos casos que no cumplan con los requisitos legales se denegará la solicitud, mediante resolución la cual será notificada al promotor o representante.
Contra las resoluciones que declaran la improcedencia de una solicitud de revocatoria procede el recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual resuelve dicho recurso en un plazo de no mayor de 15 días calendario.
No procede recurso alguno contra dicha resolución y el JNE convoca a consulta popular para las solicitudes que han sido admitidas.
Este año se adquirieron 932 kits electorales para la recolección de firmas de adherentes para promover la revocatoria de sus autoridades de ámbito regional y municipal, un número reducido frente a los 2,247 kits adquiridos para la consulta popular de revocatoria de 2012.
Esta disminución se debió evidentemente a que la nueva legislación aprobada por el Congreso de la República en abril de 2015 eliminó la continua realización de nuevas elecciones de autoridades para reemplazar a las revocadas y, además, estableció que las revocadas sean reemplazadas por los accesitarios o suplentes.
Asimismo, fijó que los promotores de revocatoria deben fundamentar sus solicitudes, y exige que tanto promotores y autoridades rindan cuenta de los recursos que financien sus campañas.
Así, estos cambios –impulsados por el Sistema Electoral – evitan que la revocatoria, cuya naturaleza es estar al servicio de la población, sea utilizada por intereses ajenos al control ciudadano.
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