Áncash: Contraloría detecta presuntas responsabilidades en servidores públicos en el 2020

Perjuicio al Estado supera los 19 millones de soles

La Contraloría General de la República, luego de culminar la ejecución de 159 servicios de control posterior en el Gobierno Regional de Áncash y sus unidades ejecutoras, gobiernos locales y diversas entidades públicas, concluyó que el perjuicio económico al Estado asciende a S/ 19 410 599.35, así lo precisó, Emerson Rucoba Tananta, Gerente Regional de Control Áncash en conferencia de prensa.

Según el aplicativo en linea Velocímetro de los servicios de Control, en Áncash el 2020 se emitieron 1365 informes de servicios de control (1205 de control simultáneo, 159 de control posterior y uno de control previo). De dicho total, 800 informes están referidos al control de los bienes y recursos públicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

También, se reporta que son163 funcionarios y servidores públicos los que se encuentran involucrados en 327 hechos con presunta irregularidad; sobre quienes recaería responsabilidades civiles (19), penales (114) y administrativas (150). Cabe precisar que un funcionario o servidor podría estar identificado por un mismo hecho irregular en más de una responsabilidad.

Por otro lado, Rucoba Tananta, anunció que para el 2021 se tiene proyectado realizar 332 servicios de control (247 de control simultáneo, 71 servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad y 14 auditorías de cumplimiento); considerando entre ellos 110 servicios para verificar el cumplimiento de metas del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

Mega Operativo

En relación a los avances del Mega Operativo de Control Regional en Áncash, Rucoba informó que hasta enero de este año se han concluido ya 233 servicios de control, 19 se encuentran en proceso de ejecución y 329 se realizarán durante los próximos dos meses en diversas entidades públicas, gobierno regional y gobiernos locales de las 20 provincias de la región.

Informes emblemáticos

Entre los informes de control posterior emitidos en el 2020 son relevantes los referidos a los irregulares cobros por incentivos laborales en la UGEL Santa y UGEL Yungay, a favor de 88 funcionarios y servidores públicos; que afectaron presupuestos destinados al pago de personal de las instituciones educativas y ocasionando perjuicio económico de S/ 3 157 590.76.

Las comisiones auditoras determinaron que son 13 funcionarios y servidores de las UGEL Yungay y 10 de la UGEL Santa quienes, en función de sus cargos y teniendo la custodia y administración de los recursos del Estado, adecuaron las planillas mensuales de los incentivos para lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas los apruebe como remuneraciones a favor de ellos mismos y de trabajadores administrativos que laboran en las sedes de las entidades.

Hechos similares ocurridos en el 2018 se detectaron en la UGEL Recuay, que causaron perjuicio económico de S/ 830 896.00. Mientras que, en la UGEL Carhuaz se pagaron montos adicionales ocultos mediante las planillas mensuales de remuneraciones durante los años 2018 y 2019, argumentando pago de incentivos por sentencia judicial y ocasionando un perjuicio económico por S/ 1 771 387.02. La Contraloría identificó 20 servidores de la UGEL Recuay y 18 de la UGEL Carhuaz involucrados en tales hechos con presunta responsabilidad administrativa y penal.

También en DRE Áncash

En la Dirección Regional de Educación Áncash (DRE Áncash) el perjuicio económico asciende a S/ 1 665 079.00 como consecuencia del pago de incentivos laborales adicionales a 56 trabajadores, entre funcionarios y personal administrativo, con recursos destinados al pago de docentes de institutos tecnológicos de Huaraz, Carhuaz, San Luis, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Piscobamba, Cabana, Llapo, Recuay, Sihuas y Yanama. Dichos pagos se concretaron a pesar de que los beneficiarios ya habían recibido, de manera mensual, un incentivo único, autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos hechos involucran a 11 funcionarios que habrían incurrido en responsabilidades penal y administrativa.