Secuestro, ejecución y encubrimiento en Áncash
El caso de los campesinos del Santa no admite matices: Un comando ejecutó un secuestro seguido de ejecución en pleno gobierno de Alberto Fujimori. La madrugada del 2 de mayo de 1992, un comando armado irrumpió en viviendas del distrito del Santa, en Áncash. Golpeó, redujo y se llevó a nueve pobladores. Nunca regresaron.
En ese sentido, años después, las investigaciones confirmaron lo que las familias denunciaron desde el inicio: los ejecutaron y los enterraron clandestinamente. El Estado no solo falló. Encubrió.
Áncash en los noventa: miedo, poder y represalias
Por entonces, el “fujimorato”, con Vladimiro Montesinos como operador central, consolidaba su control del poder. El crimen contra los campesinos del Santa se produjo en un escenario de guerra interna y creciente control político. Sendero Luminoso mantenía presencia en la zona, mientras el Estado aplicó una estrategia contrasubversiva que desbordó los límites legales.
En paralelo, campesinos organizados exigían tierras y denunciaban abusos empresariales. En marzo de 1992, empresa molinera San Dionisio cuyo dueño era Jorge Fung Pineda sufrió un atentado incendiario, tras lo cual los propietarios culparon a los campesinos. El conflicto tensó la zona. Luego llegó el pretexto: vincular a dirigentes con terrorismo.
Jorge Fung tenía una relación de amistad con Juan Bosco Hermoza Ríos, hermano de Nicolás Hermoza Ríos, quien en ese entonces era el Comandante General del Ejército peruano
Esa etiqueta marcó el destino de las víctimas.
Cómo operó el grupo Colina contra los campesinos del Santa
El operativo no fue improvisado. El jefe directo del Grupo Colina fue el mayor del Ejército Santiago Martín Rivas. Él coordinaba y ejecutaba las operaciones encubiertas.
Llegaron en camionetas sin placas. Usaron armas largas. Vestían como fuerzas del orden. Entraron casa por casa en La Huaca, Javier Heraud y San Carlos.
El patrón se repitió:
- irrupción violenta
- golpes sistemáticos
- amenazas a familias
- secuestro selectivo
Antes de retirarse, dejaron pintas senderistas. Una puesta en escena para encubrir la autoría estatal.
Ejecución de los campesinos del Santa: desaparición y entierro clandestino
Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez,
Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More, los campesinos del Santa no fueron retenidos. Fueron ejecutados horas después.
Los propios testimonios lo confirman. El grupo llevó palas, picos y cal. No buscaban interrogar. Buscaban desaparecer.
Enterraron los cuerpos en un lugar llamado Huaca Colorada, Guadalupíto, Virú, cerca de la Panamericana Norte. Sin registro, evitando dejar rastros e indudablemente, sin justicia.
Esto no fue un exceso. Fue una operación diseñada para matar.
Campesinos del Santa y el gobierno de Fujimori: encubrimiento e impunidad
El crimen ocurrió bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Y la reacción del Estado siguió una línea clara: bloquear.
Las familias acudieron a la Policía. No recibieron denuncias. Intentaron pasar a Chimbote. La Marina lo impidió. Buscaron a la Fiscalía. Encontraron silencio.
El hábeas corpus fracasó. Las investigaciones se paralizaron.
En 1995, el régimen cerró el caso con leyes de amnistía. Blindó a militares y policías. Legalizó la impunidad.
Responsables identificados, justicia incompleta
Las investigaciones posteriores —incluido el informe de la Comisión de la Verdad— señalaron al grupo Colina como responsable del crimen contra los campesinos del Santa.
Algunos integrantes fueron condenados. Otros siguen sin responder ante la justicia.
Casos como Barrios Altos y La Cantuta evidencian un patrón. Santa no fue excepción. Fue parte del mismo engranaje.
Incluso hoy, las sentencias llegan tarde y de forma parcial.
Presión internacional y deuda pendiente
La denuncia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo pidió investigar y sancionar.
El Estado peruano tardó años en reaccionar. Reabrió procesos tras la caída del régimen en 2000. Pero la justicia sigue incompleta.
En 2024, el exintegrante Aldo Velásquez Asencio fue condenado a 13 años de prisión por su participación en los crímenes de Barrios Altos y la desaparición de los campesinos del Santa. Fue extraditado desde los Estados Unidos, a donde había fugado.
El caso de los campesinos del Santa permanece abierto en la memoria y en los tribunales.
34 años después: la impunidad persiste
Han pasado 34 años. El crimen sigue marcando a Áncash.
No fue un error. No fue un exceso. Fue una decisión ejecutada desde el poder.
Los campesinos del Santa no murieron en combate. Fueron eliminados.
Mientras no exista justicia plena, el mensaje sigue intacto: el Estado puede matar y tardar décadas en responder.
Y esa es la verdadera herida que aún no cierra.
