El Congreso aprobó la inhabilitación de Delia Espinoza por diez años durante una sesión plenaria que cambió el rumbo del proceso en cuestión de horas. Los parlamentarios tomaron la decisión este miércoles, luego de aceptar dos pedidos de reconsideración que reabrieron el debate sobre la fiscal de la Nación. El Pleno actuó tras un primer intento fallido que dejó el caso en vía de archivo.
La primera votación reunió 63 votos a favor de los 68 necesarios. Ese resultado generó un revés para los impulsores de la denuncia constitucional. Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitaron la reconsideración y el Pleno retomó el tema en una sesión con 116 legisladores. La segunda votación obtuvo 71 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, cifra que permitió la inhabilitación por una década.
Los congresistas que promovieron la medida afirmaron que Espinoza respaldó y elaboró el reglamento «Actuación Fiscal en la Investigación del delito», documento que, según ellos, contradice la Ley 32130. Informes oficiales indicaron que la Junta de Fiscales Supremos nunca debatió ese reglamento y atribuyeron la decisión a la gestión temporal de Juan Carlos Villena.
Durante su intervención, Espinoza denunció arbitrariedad y señaló que el Congreso actuó como represalia por las denuncias constitucionales que ella presentó contra varios legisladores. Afirmó que la medida busca intimidar al Ministerio Público y advirtió: «O te doblegas o te sacan. O te sometes o pierdes tu trabajo, tu vida y lo que amas hacer». Su defensa sostuvo que ella actuó dentro de las competencias que establece la Constitución.
El informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señaló presuntas infracciones a los artículos 45, 93 y 139 de la Carta Magna y atribuyó posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato. La reacción en el Congreso mostró dos posiciones enfrentadas. Fernando Rospigliosi celebró la decisión y calificó a Espinoza como «desquiciada». Susel Paredes, Sigrid Bazán y Flor Pablo denunciaron presiones, arbitrariedades y un grave golpe al equilibrio de poderes.
El escenario se complica porque la Subcomisión aprobó un segundo informe que propone otra inhabilitación de Delia Espinoza por diez años. Este nuevo documento se basa en la denuncia que Espinoza presentó contra once parlamentarios por una ley que permite recibir pensión y remuneración de forma simultánea. La defensa de la fiscal señaló que ella buscó proteger la legalidad, mientras los impulsores del nuevo informe insistieron en que vulneró la Constitución.
El caso Espinoza abre un debate de alto impacto sobre el uso del poder político, la independencia del Ministerio Público y los límites del Congreso en un contexto de creciente confrontación institucional.
