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Exalcalde de Cáceres del Perú y exprocuradora condenados por usurpación

Exalcalde de Cáceres del Perú y exprocuradora condenados por usurpación

Exalcalde de Cáceres sentenciado por designar procuradora ilegal.

Exalcalde de Cáceres del Perú condenado. La corrupción municipal vuelve a encender las alarmas. En Áncash, la justicia sentenció al exalcalde del distrito Cáceres del Perú, provincia del Santa, Roosvelt Lino Cerna Velásquez, y a la exprocuradora Mary Carmen Irribarren Gonzales, por haber vulnerado la ley con un nombramiento ilegal. El caso refleja la ligereza con la que algunos funcionarios manejan los recursos públicos y las instituciones locales.

El fiscal provincial Isidro Chacón Amador, de la Fiscalía Provincial Mixta de Nepeña, sustentó en juicio oral que Cerna Velásquez cometió un grave exceso en marzo de 2022. Mediante resolución, encargó la Procuraduría Pública municipal a Mary Irribarren, cuando esa designación correspondía exclusivamente a la Procuraduría General del Estado, según la Ley N.° 31433.

Justicia sanciona irregularidades en la gestión municipal de Cáceres del Perú

A pesar de conocer la ilegalidad del nombramiento y de recibir advertencias directas de la Procuraduría General, Irribarren aceptó el cargo y ejerció como procuradora municipal hasta diciembre de 2022. Durante esos meses, el municipio funcionó con una defensa jurídica ilegítima, lo que puso en riesgo la protección de los intereses de la comuna.

Exalcalde de Cáceres del Perú condenado. La sentencia estableció una condena de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida para ambos acusados. Además, el exalcalde deberá pagar S/ 6,000 de reparación civil, mientras que la exprocuradora asumirá un pago de S/ 4,000 en favor de la Procuraduría General del Estado.

El caso del exalcalde de Cáceres del Perú y su exprocuradora, en la región Áncash, evidencia cómo la improvisación y el desprecio por la ley debilitan la gestión pública y exponen los recursos del Estado a intereses particulares. La sentencia no solo sanciona a los responsables, sino que envía un mensaje claro: los municipios deben actuar con transparencia y respeto a la normativa. Cuando se quiebran esos principios, la justicia llega para marcar un límite.

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