Escándalos, educación y Estado.

No es solamente la corrupción la que nos avergüenza a nivel internacional. Es además nuestra ignorancia y el morbo detrás de escándalos que generan millonarios cheques por publicidad en la TV basura y en la prensa amarilla que los magnifican a su antojo. ¿Tendremos la capacidad de anteponer un interés superior para hacerle frente o siquiera ponerle freno? ¿No es ésa la labor del Estado?

Por añadidura, nos estamos condenando a ser considerados y tratados como idiotas naturales por una élite de ladrones y estafadores que han hecho de la política su antesala criminal y han creado su mundo ideal. Con la impunidad como aporte del capital del poder político, con la complicidad de jueces, fiscales y policías como negocio colateral, y con el importante concurso de la prensa, pero sin portar su obligado estandarte de comunicadora responsable, sino facturando escándalos y frivolidades, atendiendo la alta demanda de sangre, robos, acusaciones, adulterio, tetas y nalgas que exige un público que solo recibe un magro 3.5% del PBI para su educación. Es el vil negocio lucrativo que propone esta época vergonzosa que vivimos y el lógico resultado de un Estado que ha descuidado a la educación como base primordial de un país en constante crecimiento económico que debe encaminar estos logros a su pleno desarrollo social.

Presenciando este escenario y enterrada la decencia como virtud en la actual clase política, la reacción inmediata de la mayoría de peruanos debe ser, segura y justificadamente,  la de enterrar la cabeza de vergüenza. Pero muchos, añorando los mejores momentos de la efervescencia cívica que se plasmaron en un Acuerdo Nacional, nos traerán al recuerdo las 31 políticas de Estado elaboradas oportunamente por una sociedad civil debidamente organizada con sus fuerzas políticas y gobierno, con la leve esperanza, quizá ilusamente en los momentos actuales, de que sean discutidos o tomados en cuenta para definir el rumbo hacia el desarrollo sostenible del país.

Por el momento, estamos secuestrados por un mercado ávido de escándalos que ha envilecido y sometido a su juego de intereses al actual gobierno, sacrificando al Estado y postergando la agenda urgente que demanda la población.

El 6% del PBI para una educación pública gratuita, de calidad y de acceso universal; el fortalecimiento de la familia, la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción; el acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social; y el acceso al empleo pleno, digno y productivo, merecen la atención inmediata del Estado.

¿Alguien será capaz de ponerle como agenda urgente al gobierno  estos reales problemas del país? (Textos: César Alberto Córdova)