¿Qué más debe pasar para frenar los feminicidios?
Cada 25 de noviembre, el Perú se une a la conmemoración mundial del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha no representa una ceremonia simbólica, sino un grito colectivo que exige justicia, cambios estructurales y compromiso real. La violencia machista no se detiene, y las cifras lo confirman: solo entre enero y octubre de este año, más de 118 mil mujeres denunciaron agresiones, según el Ministerio de la Mujer.
El panorama resulta aún más alarmante al revisar los feminicidios. En 2023, 146 mujeres perdieron la vida a manos de hombres que dijeron amarlas. Hasta octubre de este año, ya se registraron 132 feminicidios. Cada caso revela fallas del Estado, indiferencia institucional y una sociedad que aún tolera la violencia como parte del día a día.
Estefany Flores representa una de esas historias que desgarran. En 2019, su expareja, José Luis Falcón Gutiérrez, la asesinó tras múltiples amenazas y agresiones. Su hermana Katherine, hoy activista y vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio, recuerda con rabia cómo la Policía desestimó la denuncia por tentativa de feminicidio. «Se burlaron de nosotras», afirma. Trece días después, Falcón cumplió su amenaza.
Violencia contra la mujer en Perú: la lucha por erradicarla continúa
Sheyla Cóndor, joven tarmeña, también pidió ayuda. Las autoridades ignoraron la denuncia por desaparición y, días después, la hallaron sin vida. Casos como el de Estefany y Sheyla se repiten porque el sistema no responde. Las comisarías no activan medidas de protección a tiempo, los fiscales archivan denuncias, y muchos jueces fallan con prejuicios de género.
Patricia Garrido, directora del Programa Aurora, resalta el problema de fondo: casi 6 de cada 10 peruanos justifica agresiones si la mujer no se comporta «como debe». Esta cultura de tolerancia perpetúa la violencia y debilita toda política pública. “Las instituciones reflejan los prejuicios de la sociedad. Mientras no formemos al personal que atiende a las víctimas, no podremos protegerlas”, advierte.
Cada historia interrumpe una vida, una familia, una comunidad. Detrás de cada número se esconde un rostro, un nombre, una lucha que el Estado no supo —o no quiso— defender. El problema no recae solo en el agresor. También lo alimenta el silencio, la impunidad, la lentitud burocrática, y una cultura que revictimiza antes que proteger.
Este 25 de noviembre no basta con recordar. Hace falta actuar. La violencia contra la mujer en Perú no cede, porque muchas veces no encuentra oposición firme. Las marchas, las velas y los carteles no salvarán vidas si no se traducen en decisiones políticas, presupuestos reales, sanciones efectivas y atención digna para las víctimas.
La lucha contra la violencia de género exige compromiso de todos los sectores. Desde el hogar, la escuela, las fuerzas del orden y los medios de comunicación, hasta el Congreso y el Poder Judicial. El país necesita transformar su indignación en acción. Porque mientras no se erradique el machismo institucionalizado, seguiremos contando víctimas y enterrando sueños.
Ni una más. Ni una menos. La vida de cada mujer importa. Hoy más que nunca, Perú debe demostrarlo con hechos.
