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Chimbote

Dos policías de Chuquicara detenidos acusados de cobrar coima a minero

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Foto: Difusión

Dos efectivos policiales que venían exigiendo 5 mil soles a los familiares de un ciudadano intervenido por una requisitoria judicial por usurpación, fueron finalmente detenidos esta madrugada tras un minucioso operativo en Chimbote, Áncash, esto a raíz de la denuncia de sus familiares.

Se trata de los efectivos policiales Luis Miguel Vargas Suyón y Carlos Marchena Vega, ambos destacados en la Comisaría Rural de Chuquicara, quienes intervinieron la noche del martes a un empresario minero de la zona de Pataz, quien tenía una requisitoria vigente por usurpación.

Lejos de entregarlo a la Policía Judicial y dar cuenta a sus superiores, los agentes policiales Luis Miguel Vargas Suyón y Carlos Marchena Vega, le quitaron los 2 mil soles que llevaba en el bolsillo y le exigieron 5 mil soles a cambio de dejarlo ir, denunciaron los familiares del agraviado.

El agraviado se comunicó con sus familiares y pidió que le entreguen los 5 mil soles. Inclusive, los agentes policiales lo hicieron llamar por teléfono al agraviado para indicar a sus familiares, donde tenían que dejar el sobre con los 5 mil soles.

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En el audio se escucha que tenían que dejar el dinero a la altura del túnel de Coishco. La familia acudió al Departamento de Investigación Criminal de Chimbote y Escuadrón de Emergencia para denunciar los hechos.

Ante ello, se armó una celada y se intervino a las 2:30 de esta madrugada a los efectivos policiales en un auto particular junto al agraviado, a la altura del jirón San Pedro con la avenida Pardo.

En su defensa, los efectivos policiales dijeron que lo estaban llevando a la Policía Judicial. El agraviado ratificó su denuncia y señaló que, tras ser intervenido, los policías le exigieron dinero a cambio de dejarlo ir, pese a tener una requisitoria por usurpación.

Los efectivos policiales Luis Miguel Vargas Suyón y Carlos Marchena Vega quedaron detenidos, mientras la Fiscalía realiza actos urgentes de Investigación para determinar en un plazo máximo de 48 horas, su situación jurídica

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