El Ministerio Público inició el juicio por peculado de uso contra un consejero regional y un exalcalde de Áncash, tras el presunto uso indebido de un vehículo oficial asignado a la Municipalidad Distrital de Pira para fines institucionales, hecho ocurrido en 2021 y detectado por la Policía en Huaraz.
Este proceso judicial se suma a otros casos que evidencian los desafíos persistentes en la lucha contra la corrupción en Áncash, especialmente en el uso de bienes públicos por autoridades locales.
El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Áncash participó en la instalación del juicio oral contra Yover Montoya Castillo, actual consejero regional por Recuay; Héctor Raúl Obregón Inti, exalcalde de Pira; y Johon Eduardo Aguilar Cochachin, en calidad de cómplice. El proceso se desarrolla por el presunto delito de peculado de uso en agravio de la Municipalidad Distrital de Pira.
La audiencia se realizó ante el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la dirección del juez Christian Huerta Tamayo.
Uso de vehículo oficial originó proceso penal
El caso se remonta al 26 de noviembre de 2021, cuando la Policía Nacional del Perú intervino un vehículo oficial de placa A5P-326, marca Toyota, modelo Yaris, en la avenida Raymondi de Huaraz, a la altura del Puente Amarillo, alrededor de las 20:25 horas.
El vehículo pertenecía a la Municipalidad Distrital de Pira y el PRONABI lo había asignado exclusivamente para actividades institucionales. Sin embargo, al momento de la intervención, Johon Eduardo Aguilar Cochachin lo conducía sin vínculo laboral con la comuna y transportaba a dos personas particulares.
Fiscalía atribuye autorización indebida
Según la tesis fiscal, Yover Montoya Castillo y Héctor Raúl Obregón Inti autorizaron el uso del vehículo fuera del marco legal. La Fiscalía sostiene que el bien debía cumplir funciones oficiales vinculadas al pago de planillas de una obra pública en el centro poblado de Jirac.
El despacho fiscal argumenta que los involucrados desviaron el recurso público para fines privados, conducta que configura el delito de peculado de uso, tipificado en el Código Penal por la utilización indebida de bienes del Estado.
Ministerio Público solicita penas e inhabilitación
Tras culminar las diligencias preliminares, el Tercer Despacho de la FECOF Áncash, representado por el fiscal adjunto provincial Walter Mattos Barrón, presentó acusación directa y solicitó pena privativa de libertad, inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de reparación civil a favor del Estado.
El avance de este juicio por peculado de uso marca un precedente relevante para la gestión pública en Áncash. El desenlace del proceso permitirá evaluar si el sistema judicial sanciona con firmeza el uso indebido de bienes del Estado y refuerza la obligación de las autoridades de actuar con transparencia y responsabilidad frente a la ciudadanía.
