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hace 1 mes,
Policía detenido en flagrancia. La lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un nuevo y preocupante caso. La mañana del domingo 11 de mayo, efectivos de la Dirección de Comunicación y Coordinación de la Región Policial La Libertad (DIRCOCOR PNP – Trujillo) detuvieron en flagrancia al suboficial de tercera Chris Jordan Villanueva Paredes, acusado de solicitar dinero a cambio de liberar a una ciudadana intervenida por requisitoria vigente y otras irregularidades vehiculares.
La intervención, realizada en coordinación con el Ministerio Público, expuso un presunto acto de cohecho pasivo propio por parte del efectivo, quien prestaba servicios en la Comisaría de Alto Trujillo. La ciudadana G.D.A.M.P.M., denunciante del hecho, presentó pruebas contundentes: transferencias por S/ 900 realizadas mediante el aplicativo Yape al número del suboficial, además de conversaciones que documentan el pedido ilegal de dinero.
Todo comenzó a las 6:30 a.m. del domingo 11 de mayo, cuando la denunciante regresaba a su domicilio en una motocicleta Zongshen sin placa ni SOAT. A la altura del grifo Wilmercito, en Florencia de Mora, un equipo policial del Grupo Greco la intervino y la condujo a la Comisaría de Alto Trujillo.
Allí, el suboficial Villanueva le indicó que enfrentaba una posible detención por conducir un vehículo presuntamente robado. Pese a que la mujer presentó el DNI de su esposo y la tarjeta de propiedad del vehículo, el efectivo insistió con la amenaza: si no “arreglaban” su situación, procedería con la detención formal.
Lo que siguió dejó en evidencia una conducta incompatible con los principios del servicio policial. Según el testimonio, el suboficial exigió S/ 1,500 para dejarla en libertad. La víctima respondió que no contaba con esa suma. Entonces, el agente accedió a recibir un monto menor, siempre con la condición de liberarla y devolverle la motocicleta.
Durante su permanencia en la comisaría —más de 14 horas en total—, la denunciante realizó tres transferencias a través de Yape: S/ 500 en un primer momento, S/ 300 después y, finalmente, S/ 100. Todos los giros se hicieron al número proporcionado por el suboficial, que figuraba a nombre de “Chris J. Villanueva P.”.
A las 8:30 p.m., el efectivo liberó a la mujer, pero retuvo sus documentos personales. Le advirtió que debía completar el soborno con S/ 500 adicionales el lunes 13 de mayo. Fue entonces que la denunciante decidió acudir a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.
A las 5:18 p.m. del lunes 12, formalizó su denuncia ante la fiscal Iris del Rocío Bernal Polo. La fiscal recibió las pruebas, suscribió el acta correspondiente e inició de inmediato un operativo para capturar al agente involucrado.
El operativo ejecutado por DIRCOCOR PNP – Trujillo logró detener al suboficial Villanueva Paredes en el momento en que se disponía a recibir el supuesto “saldo” del soborno. La Policía Nacional actuó con celeridad, en cumplimiento de su política institucional de cero tolerancia a la corrupción.
Las autoridades pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público, y se iniciaron las diligencias penales y administrativas correspondientes. El caso ya se encuentra en etapa de investigación formal por el delito de cohecho pasivo propio, figura legal que castiga a los funcionarios públicos que solicitan o reciben beneficios económicos indebidos en el ejercicio de sus funciones.
La Fiscalía evalúa solicitar prisión preventiva mientras avanza la investigación. De probarse su culpabilidad, el suboficial podría enfrentar una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años, además de inhabilitación para ejercer función pública.
Este caso no solo evidencia un acto de corrupción individual, sino también un patrón que exige atención institucional. Cuando un agente utiliza su cargo para extorsionar a un ciudadano, socava la confianza en todo el sistema de justicia. Sin embargo, la reacción rápida de la PNP en coordinación con el Ministerio Público ofrece una señal positiva: la corrupción dentro de la institución ya no goza de impunidad.
La ciudadanía necesita confiar en que quienes tienen el deber de protegerla no se conviertan en sus verdugos. Por eso, la denuncia valiente de G.D.A.M.P.M. y la respuesta inmediata de las autoridades marcan un precedente importante en la lucha por una policía más íntegra y transparente.
Porque ningún uniforme debe blindar el delito. Ni una placa debe justificar el abuso. La corrupción no se combate con discursos, sino con acciones como esta.
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