En Áncash, el Poder Judicial dictó condena por peculado en el Santa contra un exfuncionario municipal y un cómplice, tras probar el desvío de fondos públicos entre 2020 y 2022. El fallo lo emitió el Juzgado Colegiado Anticorrupción del Santa, luego de una investigación liderada por la Fiscalía. El caso expone cómo operó un esquema interno para apropiarse de recursos destinados a obligaciones del Estado.
Peculado en el Santa: cómo operó el esquema
La sentencia alcanza a Sebastián Obregón, exjefe de Planeamiento, Presupuesto e Informática de la Municipalidad Distrital de Santa, y a Víctor Ávila, locador de servicios. Ambos recibieron ocho años de prisión efectiva, cinco años de inhabilitación y el pago solidario de S/ 328,000.
Según la Fiscalía, el peculado en el Santa se ejecutó mediante la manipulación de certificaciones presupuestales. Los implicados generaron ampliaciones irregulares y accedieron de forma indebida a sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas. Con ese mecanismo desviaron fondos que debían cubrir pagos a AFP, ONP, EsSalud, Banco Pichincha y Seguros Rímac.
Responsabilidades en el peculado en el Santa
El tribunal también condenó a Danai Franco por peculado culposo. Recibió ocho meses de pena y una reparación civil de S/ 10,000. La decisión evidencia distintos niveles de responsabilidad dentro del mismo esquema.
Peritos de la Contraloría sustentaron la tesis fiscal. Detallaron el circuito del dinero y confirmaron que el monto superó las diez UIT, lo que agravó la pena. Este elemento resultó clave para acreditar el peculado en el Santa como delito agravado.
Áncash y Santa: fallas de control y riesgo público
El caso vuelve a evidenciar debilidades en los controles internos de los gobiernos locales en Áncash. El uso indebido de accesos informáticos revela brechas en la seguridad del sistema público. También muestra la necesidad de reforzar la supervisión del manejo presupuestal.
La condena por peculado en el Santa marca un precedente, pero no resuelve el problema estructural. La corrupción municipal sigue afectando servicios esenciales y confianza ciudadana.
Un fallo que exige vigilancia
El Poder Judicial sancionó el delito, pero el desafío continúa. La ciudadanía y los órganos de control deben exigir transparencia real. Cada caso de peculado en el Santa deja una lección clara: sin fiscalización constante, los recursos públicos quedan expuestos.
