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hace 1 mes,
Pamela Bermúdez Rodríguez, exgerente de la Sub Región Pacífico (SRP) y una de las figuras más cercanas al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, dejó la clandestinidad y se puso a derecho ante la Policía Judicial. Tenía orden de captura luego de haber sido declarada reo contumaz en cuatro procesos penales por presuntos actos de corrupción cometidos durante su paso por distintas entidades del Estado.
La exfuncionaria no llegó sola. La rodea un historial de influencias, presuntos delitos y decisiones políticas cuestionables. Bermúdez Rodríguez se presentó ante el Juzgado Anticorrupción, donde se realizó la audiencia para levantar su condición de contumaz. Tras este trámite, el Poder Judicial la dejó en libertad, aunque seguirá enfrentando en esa condición los procesos penales que tiene pendientes.
Pamela Bermúdez Rodríguez no es un nombre nuevo para el sistema judicial peruano. Durante la era de César Álvarez en Áncash, ocupó cargos estratégicos como la gerencia de la SRP, una unidad desconcentrada del Gobierno Regional que maneja millones en presupuesto y tiene bajo su control obras de infraestructura y servicios en salud, transporte y desarrollo social.
Su paso por la administración pública dejó una estela de cuestionamientos. La Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción la tienen en la mira por cuatro juicios orales. Entre los casos más graves figura el mejoramiento de la avenida Pardo en Chimbote, donde la exgerente ha pedido la prescripción de la acción penal bajo el argumento de que su participación fue por colusión simple.
El pedido se ampara en una de las normas más polémicas del actual Congreso: la llamada “ley Soto”, que ha sido duramente criticada por sectores judiciales por debilitar la lucha contra la corrupción. Esta ley, promovida por el Congreso desde la presidencia de Alejandro Soto Reyes (APP), fue declarada inconstitucional por el Acuerdo Plenario 05-2023 del Poder Judicial. Según la acusación fiscal, Bermúdez no participó en una colusión simple, sino agravada, lo que impide cualquier intento de archivo anticipado del caso.
El caso de la avenida Pardo no es el único que enfrenta. Pamela Bermúdez también está procesada por supuestas irregularidades en:
El patrón se repite: contratos cuestionados, procesos irregulares y uso político de los recursos públicos. Aunque en su momento fue absuelta en el caso “La Centralita”, símbolo de la corrupción estructurada en Áncash durante el mandato de Álvarez, los procesos actuales evidencian que las sombras de su gestión no se han disipado.
La SRP no es una oficina cualquiera. Se trata de un organismo clave para el desarrollo de la zona costa de Áncash, con responsabilidades que van desde la planificación de obras públicas hasta la supervisión de proyectos de salud. En teoría, su misión consiste en promover el desarrollo integral, orientar el uso adecuado de los recursos y garantizar el cumplimiento de políticas locales y nacionales.
Sin embargo, bajo la administración de Pamela Bermúdez, este organismo aparece una y otra vez en investigaciones por corrupción, sobrevaloraciones y contratos dirigidos. La falta de control efectivo y la captura política de las instituciones siguen debilitando la confianza ciudadana.
La entrega voluntaria de Bermúdez no representa una rendición ante la justicia, sino una estrategia. La defensa busca beneficios legales bajo normas que facilitan la impunidad. El contexto legislativo, las decisiones del Congreso y el debilitamiento de las sanciones penales por corrupción abren el camino a que más exfuncionarios opten por entregarse, solo para negociar desde adentro.
Pero el caso Pamela Bermúdez también demuestra que la presión judicial y fiscal aún puede operar. A pesar de intentos legales para frenar los procesos, la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría mantienen firmes sus acusaciones, convencidas de que hay elementos suficientes para demostrar responsabilidad penal.
La exgerente de la Subregión Pacífico ahora enfrentará sus juicios en libertad. Pero la ciudadanía de Áncash y del país no puede permitirse bajar la guardia. Casos como el de Pamela Bermúdez Rodríguez muestran que el sistema judicial necesita mantenerse fuerte y libre de interferencias políticas, sobre todo cuando se trata de actos cometidos por quienes usaron el poder para beneficio propio.
Pamela Bermúdez ya no está en la sombra. Ahora queda ver si la justicia le exigirá rendir cuentas… o si otra ley oportunista borrará, una vez más, los delitos del pasado.
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