Operativo en «Pasto Bueno» da golpe a la minería ilegal en Pampas.
Una denuncia oportuna, una respuesta inmediata y un operativo contundente marcaron el desmantelamiento de una peligrosa banda dedicada a la minería ilegal en Pampas, distrito de la provincia de Pallasca en la sierra de Áncash, informó la División Policial de Chimbote.
En una operación clave contra la minería ilegal, la Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría PNP Pampas, intervino a ocho presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en la provincia de Pallasca, región Áncash. Los detenidos formarían parte de la banda “Los Ocho de Oro”, implicada en delitos de minería ilegal y agrupación ilícita para delinquir.
Una denuncia que activó la operación
La acción policial se desarrolló tras la denuncia de la representante legal de la Empresa Minera Tungsteno Málaga Perú. Ella alertó sobre la presencia sospechosa de volquetes que transitaban sin autorización dentro del terreno concesionado a la empresa en el sector Huallapón Nivel 2, en el caserío Consuzo, distrito de Pampas, Pasto Bueno. Este aviso permitió a la Policía actuar con rapidez, planificar la intervención y desplegar efectivos en la zona.
Detención en flagrancia y hallazgos clave
La operación culminó con la captura en flagrancia de ocho personas: Celestino Marcelino Ortiz Siguenza (28), Romer Iván Vásquez Pinedo (48), Jhordin Waldir Sánchez Anacleto (30), Mario Ladislao Villavicencio Delesma (65), Ignacio Polo Castillo (48), Edgar Tomás Otiniano Cruz (42), Elder Apolinar Cobián Barros (32) y un menor de edad identificado con las iniciales D.Y.C.B. (17).
Además, los agentes incautaron tres vehículos que los implicados habrían utilizado para transportar mineral extraído de forma ilegal. La intervención se realizó en el preciso momento en que los sujetos operaban dentro de la propiedad minera, sin contar con permisos ni acreditación técnica para realizar dicha actividad.
“Los Ocho de Oro”: minería ilegal y crimen organizado
Según fuentes policiales, los detenidos integrarían una estructura delictiva organizada dedicada a explotar minerales sin autorización en zonas concesionadas, generando graves daños al medio ambiente y atentando contra el marco legal minero. La actividad ilícita no solo pone en riesgo los ecosistemas, sino también la seguridad jurídica de las empresas formales que cumplen con estándares ambientales y laborales.
El delito de minería ilegal en el Perú se encuentra tipificado como una amenaza grave para la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad en zonas rurales. Agrupaciones como “Los Ocho de Oro” operan en redes que incluyen transporte, procesamiento clandestino y comercialización de minerales, lo que configura un delito ambiental de alto impacto.
Vehículos y detenidos bajo custodia
Los ocho implicados y los vehículos incautados ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes. El Ministerio Público ha iniciado las diligencias e investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos, así como posibles conexiones con otras redes criminales que operan en la región andina.
¿𝐐𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥?
En el Perú, la minería ilegal es una actividad penada por la ley. Quien la realiza, promueve o financia está cometiendo un delito ambiental y económico.
Pero cuidado: no todos los que trabajan con pico y pala son el enemigo. Muchos lo hacen por necesidad, sin apoyo ni alternativas del Estado.
❗Los verdaderos criminales son quienes organizan redes ilegales, explotan trabajadores, contaminan ríos con mercurio y lavan dinero desde las sombras.
👉 A ellos hay que perseguir. A los demás, ofrecerles formalización y oportunidades.
La minería ilegal: una batalla que continúa
Este operativo en Pasto Bueno no solo representa un golpe a la minería ilegal en Áncash. También envía un mensaje claro: el Estado está presente y actúa con firmeza ante quienes atentan contra el medio ambiente y las normas legales.
Mientras bandas como “Los Ocho de Oro” intentan burlar la ley para enriquecerse a costa del entorno natural y los derechos de terceros, la vigilancia ciudadana y la acción decidida de la Policía y las instituciones siguen siendo esenciales para frenar el avance de estos delitos.
