Le quieren echar la culpa al resto.
La privilegiada clase política peruana, en toda su variedad ideológica, ha ido perdiendo rápidamente su calidad formativa, ideológica y de liderazgo en lo que va del siglo. Nadie más que los mismos partidos políticos son los responsables de su propio deterioro y de lo que ocurre actualmente. Solo ellos pueden acceder a la presidencia y al Congreso y son los únicos en aprobar leyes y modificarlas. Ellos son también los únicos responsables de moldear el edificio institucional, llamado, Estado.
El adelanto de elecciones –a través del fin del mandato anticipado tanto del Ejecutivo como del Parlamento– no ha sido el resultado de una reflexión serena de la coyuntura actual, ni menos un acto de «sacrificio» o «desprendimiento». Muy por el contrario, hasta antes del 7 de diciembre, fecha del golpe de Estado de Pedro Castillo, las propuestas de adelanto de elecciones presentadas por las congresistas Susel Paredes y Digna Calle estaban en la congeladora. Es mediante las violentas protestas sociales, que se conecta con dicha consigna y que el Congreso, a regañadientes, aprueba el adelanto de elecciones para abril del 2024. Sin embargo, esta salida institucional de la crisis tiene riesgos al interior del Congreso.
El primero es que, a partir del 1 de marzo, no hay total seguridad de que se apruebe, el adelanto de elecciones en segunda votación. Además, ellos jamás desbloquearían medidas que señalen, que no participarían en las próximas elecciones. El desprendimiento o sacrificio allí no existe
El segundo es la propia reforma política. Los únicos puntos de acuerdo son la bicameralidad y la reelección parlamentaria; reformas necesarias, pero desacreditadas por el propio trabajo parlamentario y que son rechazadas por la mayoría de la población que ve en ellas, el camino para que se queden todos.
Tercero, el pedido de terminar con el mandato de las autoridades electorales. Esta propuesta está acorde con la narrativa de fraude, totalmente desvirtuada y rechazada por instituciones nacionales e internacionales. La Junta Nacional de Justicia se encarga de elegir y remover al jefe de la ONPE y el Reniec, así como designar, ratificar y remover a los vocales supremos del Poder Judicial, como es el caso del presidente del JNE. Han transcurrido 18 meses desde las elecciones del 2021, ni un solo congresista los ha denunciado y solicitado su separación.
Que el poder político, que nace de un proceso electoral, quiera terminar con el mandato del árbitro de las elecciones no es solo una venganza política, sino una medida tan legalmente frágil como las que obran en la propuesta. En el hipotético caso de que prosperara, tendría un impacto en el cronograma electoral y sentaría un nefasto precedente. Bajo el argumento de la confianza también podrían dar fin al mandato de la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, entre otros. Bueno, se incendia Roma para ganar y echar la culpa al resto.
