Sorpresivo reporte de Juan Carlos Morillo
El actual gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, declaró en su reporte financiero de campaña 2018, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que recibió S/201 mil soles como contribución y que sus aportantes solo fueron ocho personas, de ellos seis familiares, así lo reveló el Portal Ojo-Público.com, con información de la periodista de Áncash, Magali Estrada, integrante de la Red Investigativa Regional, que también informa a la campaña de los actuales gobernadores regionales de Huánuco, Arequipa, Puno, Cusco y Junín, y que reproducimos a continuación.
Los actuales gobernadores regionales, elegidos en octubre del 2018, manejaron sus finanzas partidarias con estándares inferiores de transparencia respecto a años anteriores. En noviembre del 2017, el Congreso de la República eliminó la obligación que tenían las organizaciones políticas para reportar los ingresos y gastos de sus campaña durante el proceso electoral y, desde entonces, los candidatos solo están obligados a entregar sus informes económicos e identificar a sus financistas al finalizar los comicios.
La Red Investigativa Regional de Ojo-Publico.com -un espacio integrado por corresponsales en diferentes regiones del Perú- solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) los reportes financieros que presentaron los candidatos que ganaron la elección y ahora gobiernan las regiones de Áncash, Huánuco, Arequipa, Puno, Cusco y Junín. En total, los seis gobernadores declararon recibir S/1,3 millones en aportes para su campaña, el 66% de los cuales los atribuyeron a donaciones de bienes y servicios.
Familiares y financistas
Los informes financieros que presentaron los actuales gobernadores de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa; y de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelio, revelan un punto en común: los principales aportantes son sus familiares. Ambas autoridades recibieron un total de S/408 mil de parte de sus hermanos, hijos y primos.
En Áncash, Juan Morillo Ulloa, del partido Somos Perú, llegó al cargo con una campaña bastante vistosa: paneles publicitarios, recorridos en caravanas por distintas provincias y un concierto con artistas nacionales. Ante la ONPE asegura que gastó un total de S/201 mil y que el dinero que fue aportado por ocho personas, seis de las cuales son sus familiares. De acuerdo al análisis de datos, sus parientes financiaron el 94% (S/192 mil) de su campaña.
Entre ellos destaca su sobrino, Juan Morillo Bustamante, aportante de S/73.700 y dueño de la empresa JKMB, constructora que realizó obras en el Hospital Regional de Áncash entre los años 2014 y 2017 -en la gestión de Waldo Ríos Salcedo- por un total de S/880 mil.
También aparece el hermano del gobernador, Manuel Morillo Ulloa, con aportes por S/73.800 a pesar de mantener una deuda de S/71 mil en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat); deuda generada entre el 2012 y el 2014 por su empresa Sacramento and Trade, hoy dada de baja. Asimismo, otros dos parientes figuran con el aporte de S/23 mil.
Las dos hermanas del gobernador, Madeleine y Janeth Morillo Ulloa, también donaron S/17.980 y S/2.015, respectivamente. La primera es gerente general de JJM Minería & Construcción SAC y la segunda es dueña de JJM Contratistas Generales, empresas que fueron proveedoras del Proyecto Especial Chinecas, promovida por el Gobierno Regional de Áncash durante la gestión de César Álvarez.
El gobernador Morillo es fundador de la empresa JJM Minería & Construcción SAC y ejerció su representación entre el 2006 y 2013. Esta compañía fue condenada el 2011 por el Cuarto Juzgado Civil del Santa por incumplimiento de un contrato de alquiler de maquinarias y obligada a pagar US$40 mil a favor de la afectada, la gerente de Transportes Soniluz, Adelaida Choquenaira.
Además, desde este año, el gobernador enfrenta una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de colusión por irregularidades en la construcción del canal de riego San Bartolo que ejecutó su compañía JJM Minería & Construcción, como parte del mencionado Proyecto Especial Chinecas. La obra se licitó el 2009, en la gestión de Álvarez, por S/ 17.7 millones, pero terminó costando S/36 millones y quedó inconclusa.
Esta constructora adeuda S/13 mil a la Sunat y fue sancionada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos adulterados en un proceso de selección, según consta en la Resolución Nº 1691-2018-TCE-S2.
Por su parte, JJM Contratistas Generales, hoy dada de baja, le debe S/1,8 millones a la Sunat. Ojo-Publico.com solicitó una entrevista con la autoridad de Áncash, Juan Morillo Ulloa, a través de su oficina de prensa, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.
