El canon minero es el dinero que anualmente reciben los gobiernos regionales, locales y universidades, que les permite ejecutar proyectos de inversión.
Lo recibido, es el producto del 50% del Impuesto a la Renta (IR) que pagan las mineras al Estado por el aprovechamiento de los recursos.
Esta fórmula que apuntaba a descentralizar los fondos públicos se aprobó en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000-2001).
En diez años los gobiernos subnacionales recibieron S/. 32 mil 649 millones por canon minero, lo que representa una fuente significativa de ingresos.
Este flujo de capital ha sido fundamental para el desarrollo y financiamiento de proyectos y obras en las regiones donde la minería tiene una presencia significativa
Las transferencias más significativas corresponden a 2007, época del boom en que las mineras incrementaron sus ganancias.
Ascendieron a S/. 5 mil 157 millones. Desde ese año las cifras variaron.
En 2013, el panorama cambió abruptamente por la caída (entre 20% a 25%) del precio de los metales, que afectó la rentabilidad de las compañías mineras.
El recorte del canon desató una ola de reclamos. Alcaldes y presidentes regionales pidieron compensaciones.
La situación no parece temporal. Se estima que la tendencia para los próximos tres años será peor, según un informe de Apoyo Consultoría. En 2016 canon se reducirá en 50%.
¿En qué se gastó?
El canon representa casi el 80% del presupuesto que destinan las gestiones regionales y locales para sus obras.
En la época de vacas flacas surge la pregunta: ¿Se invirtió bien estos recursos en diez años de transferencias? Rodolfo Marquina, jefe de Desco, entidad que fiscaliza el uso de la partida, es claro.
Afirma que no hubo un uso correcto. Se hicieron proyectos de muy poco impacto social, que no ayudaron a reducir la pobreza o a generar infraestructura para convertirnos en competitivos.
Los criterios de distribución no terminan siendo muy justos. Hay municipios, vecinos al asiento minero, que reciben enormes cantidades de dinero con necesidades menores a las de otros con mayor concentración de habitantes y que tienen numerosas demandas insatisfechas de servicios.
Por su parte, el antropólogo social José Lombardi Indacochea advierte la dispersión de los fondos. «Los alcaldes deben aliarse para obras de impacto, uniendo sus recursos. El gasto no debe medirse cuantitativamente, sino cualitativamente»
El dinero no solo se ejecutó en forma deficiente. En muchos casos se guarda bajo el colchón. De acuerdo a cifras del MEF, el saldo de balance al 2013 por canon minero asciende a S/. 2 mil 059 millones. Quienes tienen mayor cantidad de dinero sin utilizar son aquellos que recibieron mayores partidas como: Áncash (S/. 446 millones), Arequipa (S/. 319 millones), Cajamarca (S/. 224 millones), La Libertad (S/. 276 millones), Tacna (S/. 196 millones) y Cusco (S/. 187 millones).
En contraste, hay otros gobiernos regionales como el de Moquegua, cuyo gasto llega a más del 90%.
El asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GORE Arequipa) y exministro de Agricultura, Carlos Leyton, reconoce que el manejo de estos presupuestos no ha sido óptimo, aunque relaciona ello a la falta de experiencia en gestión pública. Los equipos técnicos no saben plantear un proyecto. La planificación de una obra puede durar dos años y medio, más de la mitad de la gestión.
Además, debe someterse al rigor del Sistema de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que muchas veces rechaza esos expedientes debido a deficiencias en la formulación.
La mayoría de gobiernos regionales y municipales financian sus obras con esta partida. En los últimos años, recibieron más de S/. 32 mil millones. Hay la sensación que esos recursos no se utilizaron bien. Urge replantear el esquema. Gastar en obras de enorme impacto social.
Vistas de la publicación: 4.123
