Aplica en Casma, Cabana, Huarmey y Corongo
La Corte Superior de Justicia del Santa, con sede en Chimbote, en la región Áncash, ha tomado medidas importantes para adaptar el funcionamiento de sus sedes periféricas de Casma, Cabana, Huarmey y Corongo ante la pandemia de la COVID-19. Estas provincias, ubicadas en áreas con alta tasa de contagio, según el Decreto Supremo N.º 023-2021-PCM, han sido objeto de nuevas disposiciones con el fin de asegurar la continuidad de los servicios judiciales sin poner en riesgo la salud de los magistrados, servidores judiciales ni usuarios.
A través de la Resolución Administrativa N.º 000106-2021-P-CSJSA-PJ, firmada digitalmente por el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Carlos Alberto Maya Espinoza, se ha determinado que se reinicien los plazos procesales y administrativos en las mencionadas sedes, sin embargo, con estrictas medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de contagios. La resolución busca equilibrar la necesidad de mantener el funcionamiento del sistema judicial con la protección de la salud pública.
Modalidades de trabajo: prioridad al trabajo remoto
Una de las principales medidas adoptadas es la implementación de dos modalidades de trabajo en las sedes periféricas: presencial interdiaria y trabajo remoto. Esto permitirá que, en lo posible, se mantengan los plazos procesales y administrativos sin comprometer la seguridad de los involucrados. El trabajo remoto será la opción prioritaria para la mayoría de las actividades judiciales, minimizando así la presencia física de los magistrados y demás servidores judiciales en los espacios de trabajo, y reduciendo al máximo el contacto entre personas.
Audiencias virtuales y excepciones para casos urgentes en la Corte Superior de Justicia del Santa
Las audiencias deberán realizarse de manera virtual, en cumplimiento con las normativas vigentes que favorecen el uso de la tecnología para evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. No obstante, en situaciones de urgencia o emergencia, las audiencias podrán llevarse a cabo de manera presencial, pero bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Esto garantizará la protección tanto de jueces y abogados como de los usuarios del sistema judicial.
Procesos administrativos y notificaciones electrónicas
Con el fin de evitar el contacto físico, las entregas de consignaciones y endosos de alimentos se gestionarán de manera virtual en estas sedes, permitiendo que los usuarios judiciales puedan acceder a estos servicios sin necesidad de desplazarse. Igualmente, todos los documentos serán recibidos a través de la Mesa de Partes Electrónica, un mecanismo que permite la presentación de escritos de manera digital, asegurando la continuidad de los procesos judiciales sin comprometer la salud de los involucrados.
En cuanto a las notificaciones, la Corte Superior de Justicia del Santa ha dispuesto que estas se realicen exclusivamente de forma electrónica mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE). Esta medida agiliza el proceso y reduce los riesgos asociados a las notificaciones físicas. Sin embargo, de manera excepcional, se permitirá que las notificaciones se realicen de forma física en los casos en los que sea estrictamente necesario, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de los notificadores, quienes son los encargados de la entrega de las notificaciones.
Retiro de expedientes y bioseguridad en la Corte Superior de Justicia del Santa
Otra de las disposiciones importantes es la autorización del retiro de expedientes de las sedes periféricas por parte de los jueces y servidores judiciales. Esto se realizará siguiendo los rigurosos protocolos de bioseguridad para evitar cualquier riesgo de contagio. Los jueces y personal administrativo deberán cumplir con todas las medidas preventivas, como el uso de mascarillas, distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, al momento de manipular los expedientes.
La Corte Superior de Justicia del Santa y su compromiso con la salud pública y el acceso a la justicia
El reinicio de los plazos procesales y administrativos en las sedes periféricas del Santa refleja el compromiso de la Corte Superior de Justicia con la prestación de servicios judiciales esenciales, al tiempo que se prioriza la salud y seguridad de todos los involucrados. Estas medidas también son una respuesta a la necesidad de adaptar los procedimientos judiciales a la nueva realidad impuesta por la pandemia, utilizando tecnologías para asegurar el acceso a la justicia, incluso en tiempos de crisis sanitaria.
La Corte, al implementar estas modalidades de trabajo y al poner en marcha la plataforma de notificaciones electrónicas, no solo optimiza los recursos, sino que también ofrece una alternativa más segura y eficiente para el acceso de los usuarios al sistema judicial. De esta forma, se busca mantener la operatividad del sistema judicial en Áncash, sin poner en riesgo la salud de los usuarios ni del personal judicial.
Con estas medidas, la Corte Superior de Justicia del Santa da un paso importante hacia la modernización del sistema judicial, promoviendo la digitalización de los procesos judiciales, mientras se asegura de que todos los involucrados puedan continuar con sus funciones de manera segura y efectiva.
El inicio de la pandemia de COVID-19 en Perú: un desafío nacional
El COVID-19 llegó a Perú a principios de 2020, impactando de manera drástica la vida cotidiana y la salud pública en el país. Aunque los primeros casos en el mundo se detectaron a finales de 2019 en China, la situación en Perú comenzó a tornarse crítica a partir de marzo de 2020, cuando se confirmó el primer caso local.
El primer caso en Perú
El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud de Perú confirmó el primer caso de COVID-19 en el país: un hombre de 25 años que había viajado recientemente a Europa, específicamente a España. Este caso marcó el inicio de la propagación del virus en Perú, que rápidamente comenzó a generar preocupación por el número de contagios y su impacto en el sistema de salud.
El impacto del virus y las primeras medidas
A medida que los casos aumentaron, el gobierno peruano implementó medidas estrictas para contener la propagación del virus. El 15 de marzo de 2020, el presidente Martín Vizcarra anunció un estado de emergencia nacional, que incluía un toque de queda y restricciones de movilidad. Además, se cerraron las fronteras, se suspendieron los vuelos internacionales y se comenzaron a aplicar medidas de distanciamiento social en todo el país.
Desafíos para el sistema de salud
El sistema de salud peruano se vio rápidamente desbordado por la cantidad de casos de COVID-19, especialmente en las grandes ciudades como Lima. La falta de camas de UCI, equipos de protección personal y respiradores, junto con la escasez de pruebas de diagnóstico, puso a prueba la capacidad del país para hacer frente a la pandemia.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y el sistema de salud, el número de contagios y muertes siguió aumentando, lo que obligó a Perú a enfrentar una de las tasas de mortalidad más altas del mundo en relación con su población. Las ciudades más afectadas, como Lima, experimentaron una gran presión sobre los hospitales y servicios médicos.
La respuesta y la vacunación
A lo largo de 2020 y 2021, Perú continuó implementando medidas de control, incluyendo cuarentenas y restricciones en diversas actividades. En 2021, el país comenzó a recibir vacunas contra el COVID-19, y se implementó un plan de vacunación masiva, que ha sido clave para reducir la propagación del virus y controlar los picos de contagios.
El legado de la pandemia
El impacto de la pandemia en Perú no solo ha sido en términos de salud, sino también en la economía y el bienestar social. Miles de peruanos perdieron a sus seres queridos, mientras que el confinamiento y la crisis económica afectaron gravemente a las familias, especialmente a aquellas que dependían de trabajos informales. Sin embargo, la respuesta de la población, las autoridades y el sistema de salud también mostró la capacidad de resiliencia del país.
Hoy en día, a pesar de la mejora en la situación sanitaria y el avance de la vacunación, el COVID-19 sigue siendo una preocupación global. Perú continúa enfrentando retos en la gestión de la salud pública, pero la experiencia adquirida durante la pandemia ha fortalecido los lazos de solidaridad entre los ciudadanos y las instituciones.
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