En la modalidad Contratación Directa.
La Contraloría General de la República, detectó irregularidades en las contrataciones realizadas por la Municipalidad Provincial de Huaraz a cargo de Rori Mautino Ángeles, cuando abasteció de insumos al Programa del Vaso de Leche durante el año 2020.
Según el entre contralor, la comuna huaracina sin justificación modificó las especificaciones técnicas de los requerimientos efectuados por el área usuaria, a favor de dos empresas de un mismo grupo económico, impedidas legalmente de participar en un mismo proceso.
Los hechos con indicios de irregularidad involucran a seis funcionarios y servidores públicos quienes tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
Mediante el informe de Control Específico N° 071-2020-2-0337, (periodo enero a mayo de 2020), se evidenció que, dos de los nueve postores para la adquisición de hojuelas cereales, cebada y soya precocidos, estaban impedidos de participar en el mismo proceso de licitación, debido a que pertenecían a un mismo grupo económico, situación que contraviene la Ley de Contrataciones el Estado.
La comisión auditora determinó que los miembros del Comité de Selección en coordinación con el especialista en procesos de selección modificaron, sin sustento, las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria, para adecuarlas, a las características de una de las empresas mencionadas, que posteriormente ganó la licitación por el monto de S/ 189 924.00.
Adquisición de leche evaporada
La otra empresa vinculada al mismo grupo económico fue beneficiada con la modificación de los requisitos para la adquisición de 42 560 latas de leche evaporada, valorizado en S/ 402 192.00, debido a que la subgerencia de Abastecimiento suprimió lo relacionado a la experiencia requerida, para adecuarlos a las características del postor.
Cabe precisar que la compra de este producto se realizó mediante contratación directa para atender de manera inmediata a los beneficiarios del programa Vaso de Leche, sin embargo, no se cumplió con la finalidad pública pues la entrega se concretó 29 días hábiles después, afectando a los beneficiarios del referido programa.
El informe fue comunicado al alcalde provincial a fin de que inicie los procesos administrativos para el deslinde de responsabilidades y al Procurador de la Contraloría General para las acciones legales correspondientes. De igual forma, fue derivado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para que evalúe las acciones administrativas contra las empresas involucradas.
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