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hace 2 semanas,
La lucha contra la corrupción en las regiones del país avanza con pasos firmes. En Áncash, una de las regiones más golpeadas por el mal uso de fondos públicos, un nuevo caso sacude a la provincia de Huaylas: la Fiscalía detuvo al alcalde del distrito de Yuracmarca, Lenin Montes Huiza, junto a su tesorero y un exgerente municipal, por el presunto delito de peculado doloso agravado. Las autoridades los acusan de manejar de forma irregular más de dos millones de soles del canon.
El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, encabezado por el fiscal provincial Wilber Flores Lima, dirigió el operativo con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de la Defensa Pública.
La orden de detención preliminar por peculado es por siete días, y alcanza a tres personas:
El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios avaló la medida dentro de una investigación que expone presuntas operaciones financieras irregulares, como el giro de cheques millonarios sin respaldo documental.
El equipo fiscal contó con el respaldo de los fiscales adjuntos Aleksandr Pantoja Bueno, Walter Mattos Barrón, Marialena Guerrero López, Ada Robles Rodríguez, Edith Cruz Reyes y Jesús Montes Alarcón, en un despliegue coordinado que incluyó detenciones y recolección de evidencias.
Este operativo no ocurrió de manera aislada. El pasado 6 de marzo, la Fiscalía y la PNP realizaron un allanamiento simultáneo en la Municipalidad Distrital de Yuracmarca y en la vivienda del alcalde. Durante esa diligencia, investigaron el presunto uso indebido de fondos del canon hidroenergético. Las autoridades sospechan que quienes manejaban estos recursos, destinados a beneficiar a la población, los desviaron mediante un esquema que ahora comienza a revelar su verdadera magnitud.
Los más de S/ 2 millones girados sin sustento no solo reflejan una posible red de corrupción, sino también una profunda falla en los mecanismos de control interno de una comuna pequeña, donde cada sol puede significar un aula, un centro de salud o una carretera rural.
El caso Yuracmarca es una advertencia clara: la corrupción no distingue tamaño ni ubicación geográfica. Puede instalarse en los rincones más alejados del país, robando oportunidades a comunidades que dependen casi por completo de los fondos públicos.
Ahora, la justicia tiene siete días para consolidar pruebas clave que podrían llevar a un juicio firme y ejemplar. En medio de la desconfianza generalizada hacia las autoridades locales, este caso representa una oportunidad para marcar un precedente.
Porque en Áncash —y en todo el Perú— ya no hay espacio para quienes ven el poder como una caja chica personal. La ciudadanía exige respuestas, pero sobre todo, justicia.
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