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hace 2 años,
UGEL Pallasca no paga sentencias laborales. La UGEL Pallasca prioriza la devolución de más de S/1.3 millones al presupuesto nacional mientras deja a sus profesores sin cobrar sentencias laborales y beneficios sociales. Este desequilibrio obliga a docentes a luchar por justicia en lugar de dedicarse a educar.
En el 2018–2023, la UGEL Pallasca devolvió S/1,389,366 del presupuesto ordinario que no ejecutó. Ese dinero, que debería haberse destinado a saldar sentencias laborales, CTS y beneficios sociales, se perdió porque no puede acumularse de un año para otro.
Mientras tanto, profesores y trabajadores afectados presentan quejas continuas en la sede de la UGEL en Cabana. Reprochan una respuesta institucional: “no hay presupuesto” para cubrir lo justo y legal. Sin embargo, salarios regulares y bonos del propio personal administrativo sí están garantizados. Esa paradoja revela un trato discriminatorio.
El director, Estuardo Díaz Robles, en el cargo desde 2016, prometió “cambiar la educación”. Sin embargo, incurrió en actos que derivaron en sanción administrativa por SERVIR. Según denuncias, el encargado de finanzas, José Wilfredo Carrera Muñoz, no ejecuta el presupuesto por falta de eficiencia, con el aval tácito del director.
La situación en Pallasca refleja más que una omisión técnica. En su momento, un funcionario fue condenado por solicitar dinero a una docente. Esto agrava la percepción: hay autoridades que reciben sin pagar y devoluciones presupuestales que benefician al fisco, no a los agraviados.
La desigualdad es evidente: docentes deben interponer demandas judiciales para recibir lo que les corresponde, mientras la UGEL devuelve montos millonarios por ineficiencia. Miles de soles regresan al Estado, mientras las aulas afrontan carencia de personal motivado por años de impagos.
La UGEL Pallasca enfrenta un dilema de priorización financiera: devolver recursos al fisco u honrar sentencias que benefician a quienes dedican su vida a la formación. ¿Hasta cuándo la comunidad docente deberá mendigar lo que la ley ya les reconoce? El sistema exige una respuesta rápida y una auditoría profunda. El futuro de la educación regional depende de esa rendición de cuentas.
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