Justicia y Corrupción
Policía recibe coima por Yape y es condenado a pena suspendida en Chimbote
Coima por Yape. La corrupción no descansa, ni siquiera cuando se disfraza de modernidad. Esta vez, la historia tuvo como escenario las calles de Chimbote y como protagonista a un miembro de la Policía Nacional del Perú, quien terminó aceptando su culpa ante la justicia.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa sentenció al suboficial PNP Jhonatan Castillo Solano (33) a cinco años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por un plazo de cuatro años, tras encontrarlo culpable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El operativo y la coima por Yape del mal policía
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril, cuando Castillo Solano intervino a un mototaxista identificado con las iniciales A.H.A.M., en la intersección de los jirones Tacna y Almirante Guisse. Al constatar que el conductor no contaba con licencia de conducir, el efectivo le solicitó una “donación” de 30 soles para evitar el internamiento del vehículo en el depósito municipal.
Sin efectivo en los bolsillos, el mototaxista y un adolescente de 17 años que lo acompañaba optaron por transferir el dinero a través del aplicativo Yape, pero no a la cuenta del policía directamente, sino a la de su pareja. Una solución “moderna” para un delito clásico.
El caso dio un giro inmediato cuando el empleador del mototaxista, padre del menor, al ser informado de lo sucedido, decidió actuar. Gracias a la llamada telefónica que su hijo realizó durante la intervención —donde se escuchó al agente insistir “colabora de una vez y no la hagas larga”—, no solo se confirmó el acto ilícito, sino que se presentó la denuncia correspondiente, que derivó en la rápida identificación y detención del suboficial.
Un proceso acelerado y una condena pactada
En el desarrollo del proceso, Jhonatan Castillo Solano optó por acogerse a la terminación anticipada, un mecanismo que le permitió obtener una reducción significativa de la pena a cambio de reconocer su responsabilidad.
Durante la audiencia ealizada en Chimbote presidida por el juez Alex Alegre Arangurí, el imputado y su defensa llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público: cinco años de prisión suspendida por el delito de cohecho, bajo estrictas reglas de conducta, además de la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Una sentencia que, si bien evita que Castillo Solano vaya a prisión de inmediato, marca el final de su carrera en la Policía Nacional y una fuerte advertencia para quienes, desde la función pública, intenten usar su autoridad para beneficio propio.
Un final que deja preguntas abiertas
Este episodio, que mezcla corrupción, tecnología y una respuesta judicial rápida, deja lecciones importantes. ¿Estamos frente a una nueva modalidad de coima digitalizada? ¿Qué tan preparada está nuestra sociedad —y nuestras instituciones— para detectar y sancionar estas prácticas en tiempos donde el dinero en efectivo ya no es indispensable?
La corrupción no se adapta solo a las oportunidades, sino también a las herramientas. Y mientras existan funcionarios dispuestos a traicionar su deber, será vital que la vigilancia ciudadana y la justicia actúen con igual rapidez y contundencia.
Porque en una democracia saludable, ni las monedas ni las apps pueden ser cómplices de la impunidad.
