La justicia peruana dictó cadena perpetua en Chimbote contra Maicol Deyvi Liñán Arroyo, cabecilla de una red criminal que dopaba y ultrajaba a jóvenes. El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia del Santa halló culpable a Liñán por violación de personas en estado de inconsciencia con subsecuente muerte de un universitario. Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2024 en una vivienda alquilada, donde los delincuentes captaban víctimas por redes sociales para grabarlas y vender el contenido al extranjero.
Detalles de la sentencia y cómplices en Áncash
El fallo judicial no solo alcanzó al cabecilla. El tribunal impuso penas severas a los demás integrantes de esta banda que operaba en la región Áncash. Los magistrados sentenciaron a Luis Azañero, Cristofher Herrera y Josselyn Quezada a 35 años de cárcel. Por su parte, Néstor Camacho recibió 32 años de prisión efectiva por su participación en los crímenes.
El modus operandi de la «fiesta del terror»
Los criminales planificaban reuniones sociales donde suministraban clonazepam a los asistentes. Una vez inconscientes, las víctimas sufrían abusos sexuales que los delincuentes registraban en video. La investigación fiscal reveló que este material se comercializaba en páginas web con clientes en Europa.
Captura internacional y extradición
Maicol Liñán Arroyo intentó evadir la justicia huyendo a Bolivia tras cometer los delitos. Sin embargo, las autoridades bolivianas lo capturaron y expulsaron hacia el Perú. Actualmente, el sentenciado cumple su condena de cadena perpetua en Chimbote, dentro del establecimiento penitenciario de Cambio Puente.
Penas por encubrimiento y omisión
Juan Nilber Segura Arroyo recibió una condena de cinco años y un mes de prisión. El juez lo halló responsable de encubrimiento real y omisión de auxilio. Su rol fue clave para intentar ocultar la gravedad de lo ocurrido durante la fatídica reunión que terminó en tragedia.
Un precedente contra la impunidad criminal
Esta cadena perpetua en Chimbote representa un hito en la lucha contra las mafias de explotación sexual en el norte del país. La resolución judicial busca resarcir parcialmente el daño causado a las familias de las víctimas y al estudiante fallecido. Los deudos esperan que este castigo ejemplar disuada a otros grupos criminales que operan bajo modalidades similares. Es imperativo que las autoridades mantengan la vigilancia sobre las redes sociales, principal herramienta de captación de estos delincuentes.
