Los 13 mineros asesinados estaban secuestrados en zona declarada en emergencia
Mineros asesinados. La tragedia golpea otra vez a Pataz. Trece mineros, que se encontraban secuestrados desde hace días, aparecieron sin vida en el distrito de Parcoy, región La Libertad. La masacre ocurre en una zona que permanece bajo estado de emergencia desde marzo, donde el Estado prometió recuperar el control frente al avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal. No cumplió.
Familiares de las víctimas venían denunciando la desaparición de sus seres queridos desde el pasado 26 de abril. Ayer, sus cuerpos fueron hallados cerca del sector Pueblo Nuevo. El crimen sacude a una comunidad que convive con el miedo diario: sicarios, extorsionadores y mafias operan a vista y paciencia de las autoridades. En Pataz no gobierna la ley, gobierna el plomo.
Sangre en la sierra: crimen organizado ejecuta a 13 mineros en La Libertad
Los mineros trabajaban en socavones controlados por operadores informales y, según versiones locales, grupos armados los habían retenido para exigir pagos o castigar alianzas entre bandas rivales. Las condiciones de impunidad que reinan en el distrito facilitaron el secuestro y posterior ejecución de las víctimas. Ni el Ejército ni la Policía evitaron el crimen, pese a que el Gobierno mantiene la declaratoria de emergencia y el patrullaje militar en la zona.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó el hecho como “una tragedia criminal” y anunció el envío de una comisión de alto nivel a la zona. Pero los pobladores exigen más que comisiones: piden justicia, presencia real del Estado y protección frente a una violencia que ya no es silenciosa, sino descarada.
Trece muertes revelan el fracaso del Estado en el control de Pataz
El distrito de Pataz concentra una de las mayores reservas auríferas del país y, al mismo tiempo, una de las redes criminales más violentas asociadas a la minería ilegal. La ambición por el oro ha convertido a la sierra liberteña en un territorio sin ley, donde los asesinatos, las extorsiones y las desapariciones ya forman parte del paisaje cotidiano.
Hoy, trece familias lloran a sus muertos. El país no puede seguir ignorando esta tragedia anunciada. Si el Estado no logra controlar Pataz ni proteger a sus trabajadores, entonces debe responder: ¿quién manda allí? Porque donde manda la violencia, no hay República, solo abandono.
