Las minas ilegales de carbón en el caserío de La Galgada, distrito de Tauca, provincia de Pallasca (Áncash), provocaron la muerte de dos jóvenes trabajadores durante 2025. Los pobladores denunciaron que estas explotaciones operan sin normas ambientales ni laborales, bajo condiciones precarias, sin fiscalización estatal y con riesgos permanentes. Las muertes ocurrieron por deslizamiento de tierra y presunta descarga eléctrica en socavones clandestinos. Las familias exigen justicia y el cierre inmediato de estas actividades.
¿Qué ocurrió en las minas ilegales de carbón de La Galgada?
Las minas ilegales de carbón funcionaron como trampas de muerte, según los denunciantes. Kevin Valles, de 20 años, murió el 26 de junio tras un deslizamiento de tierra mientras laboraba sin equipos de protección. Tomás Alex Córdova Sabino, de 27 años, falleció el 30 de octubre en el socavón “El Balcón”, al parecer por una descarga eléctrica. Los pobladores señalaron a Julio Antonio Mendoza Gonzáles como responsable de las labores clandestinas.
Denuncias, Fiscalía y omisiones de control
La madre de Tomás, Juana Sabino Lucio, presentó una denuncia ante Fernando Alva Salvador, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa, para que se investigue y capture al responsable. En paralelo, Pedro Alberto Gastiaburú Salinas tiene a su cargo el caso por minería ilegal; hasta ahora no se conocen resultados públicos. La falta de acciones refuerza el temor de nuevas tragedias.
Transporte ilegal y pedido de acción inmediata
Los moradores denunciaron el tránsito constante de volquetes con carbón ilegal por el puesto policial de Chuquicara, incluidos los de placas BSE-718 y BSI-774, sin fiscalización. Exigieron la intervención urgente de todas las entidades competentes para clausurar las minas ilegales de carbón, sancionar a los responsables y garantizar seguridad laboral y ambiental. Recordaron que La Galgada también es un sitio arqueológico precerámico de alto valor patrimonial, lo que agrava el daño por estas actividades ilícitas.
El caso revela un patrón de informalidad letal, omisiones de control y riesgo patrimonial. Sin una respuesta inmediata del Estado, La Galgada seguirá expuesta a más muertes evitables.
