Multa a colegio por discriminación en Huaraz. La institución educativa privada San Martín de Porres, ubicada en Huaraz (Áncash), enfrenta una multa de 66.52 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 355,882 soles, por no proteger adecuadamente a una menor víctima de presuntos tocamientos indebidos y por incurrir en actos de discriminación contra ella debido a su condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash, Sede Chimbote, emitió esta sanción en primera instancia. El caso se remonta a enero de 2025, cuando el padre de la niña denunció que su hija habría sufrido violencia por parte de un compañero. Pese a la gravedad del hecho, el colegio no habría activado el protocolo de convivencia sin violencia ni implementó ninguna medida de protección, tal como lo exige el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Indecopi determinó que esta omisión vulneró el artículo 73 del mencionado Código, lo que generó una sanción económica de 33.26 UIT. Pero el caso no terminó ahí.
Multa a colegio por discriminación en Huaraz. Durante las investigaciones, se comprobó que el colegio también discriminó a la menor al cuestionar su permanencia por su diagnóstico de TEA. Además, no ofreció condiciones adecuadas para garantizar una educación inclusiva y de calidad, lo que contravino el artículo 38 del mismo Código. Esta segunda infracción sumó otras 33.26 UIT a la sanción.
La resolución también ordenó acciones correctivas importantes. El colegio deberá enviar una carta de disculpas a la menor y a su familia. Además, tiene que capacitar a su personal en educación inclusiva y prevención de la discriminación, según la normativa del Ministerio de Educación.
Durante tres años, la institución educativa tendrá que colocar en un lugar visible un cartel informativo que recuerde la prohibición de toda forma de discriminación y promueva el derecho a presentar reclamos ante Indecopi.
Este fallo, contenido en la Resolución Final N.º 0110-2025/INDECOPI-CHT, se notificó el 18 de julio. El colegio tiene 15 días hábiles para apelar.
La institución educativa informó, mediante un pronunciamiento, que la fiscalía archivó el caso. Sin embargo, admitió que en el proceso administrativo enfrenta una sanción en primera instancia por parte de Indecopi, la cual planea apelar en segunda instancia y, si es necesario, llevar ante el Poder Judicial.
Este caso marca un precedente importante en la lucha contra la violencia escolar y la exclusión de estudiantes con condiciones diversas. No basta con hablar de inclusión; las escuelas deben demostrarlo en la práctica, con medidas reales, efectivas y humanas.
