La fatalidad y la desgracia no se desprenden de Ancash. Al parecer los irregulares manejos administrativos y económicos, así como los actos delictuosos que se cometerían con el gobernador regional provisional don Enrique Vargas Barrenechea con su nuevo cuadro de funcionarios, en la administración del Gobierno Regional de Ancash, es una posibilidad.
Durante el actual gobierno regional, su titular Waldo Ríos Salcedo se encuentra encarcelado por la comisión de delitos contra el patrimonio cuando fue alcalde provincial de Huaraz; sin considerar las investigaciones fiscales y los procesos penales que se le instaurarían como gobernador regional, tanto en Huaraz como en Chimbote. Es decir, le siguió los pasos al ex presidente regional y encarcelado César Álvarez Aguilar.
Ya es preocupante lo que se comenta en la capital del departamento de que el actual gobernador regional provisional, a puerta cerrada solamente con sus familiares con el absoluto y total desconocimiento de lo que es la administración pública pero creyéndose dueños de la entidad regional, es decir toda una repartija, designaron o nombraron a los nuevos gerentes, sub gerentes y otros funcionarios en todas las entidades de la jurisdicción regional. Lógicamente los cargos y las futuras licitaciones tienen un precio; porque nadie se imagina que todo es gratis.
Contrariamente, mención aparte es de comentar como algo positivo, la posible Ordenanza Regional, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo Regional, respecto del perfil y los requisitos obligatorios para quienes se nombren en estos importantes cargos públicos; toda vez que la corrupción ya se encuentra enquistada e institucionalizada en el gobierno regional, con personal no solamente carente de profesión alguna y sin colegiatura y habilitación de su correspondiente colegio profesional, sino lo más grave con notorios antecedentes penales y judiciales, bajo el encubrimiento cómplice de quienes dirigen el ente regional. En este aspecto es necesario que la prensa esté vigilante con relación a los llamados funcionarios de confianza, que llevaría el actual gobernador, a quien no se le conoce profesión alguna, ni siquiera como chef profesional, sino como un simple cocinero de su propio restaurante en Huaraz. En otras palabras se vendría una serie de hechos escandalosos que ameritaría la intervención del Ministerio Público con su secuela de procesos penales en su contra. Vergüenza ajena para los ancashinos.
En toda la administración pública en el país, pero concretamente en nuestra región, se están cometiendo dos ilícitos penales : El de Nombramiento o Aceptación Indebida para Cargo Público, que recae en el funcionario público que hace un nombramiento a persona en quien no concurren los requisitos legales y el que acepta el cargo sin contar con dichos requisitos. En otros términos el funcionario corrompido que lleva a su llamada gente de confianza para esquilmar o robar los dineros públicos y el que a sabiendas que no es capaz ni idóneo, acepta con servilismo todo lo que se le ordena, porque sabe perfectamente que es un ladrón público en potencia. Y, el otro delito, es el de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, que a diario se comete, no por su accionar sino por su conducta omisiva de carácter doloso.
Tales delitos que se cometen voluntaria, libre y conscientemente en grado de autoría o coautoría, es sin perjuicio cuando se cometen bajo la figura jurídica del Concurso Real de Delitos y que el código penal en su numeral 50, lo describe que : Cuando concurren varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumaran las penas privativas de libertad que fije el Juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. En otras palabras el funcionario público de cuello y corbata y que recién en nuestro país se está juzgando y sentenciando, ya están advertidos. Estos casos de concurso real de delitos, están referidos a todos los que se cometen Contra la Administración Pública, entre otros, los injustos penales de violencia y resistencia a la autoridad, abuso de autoridad, concusión, peculado, corrupción de funcionarios, etc., en los que está en juego los dineros del Estado, muy especialmente cuando se trata de la formación de los llamados comités de licitaciones, adquisiciones o servicios para las obras públicas en toda la región.
Por todo ello es importante que el pueblo organizado y la prensa deben estar atentos y vigilantes, para los efectos de la denuncias públicas, pero siempre y cuando sean destituidos los llamados fiscales archivadores, cuya incapacidad con llamadas de atención en audiencias públicas sigue siendo denunciada por los jueces penales, pero que lamentablemente se desconoce de las investigaciones con sus correspondientes sanciones por parte del Órgano de Control Interno del mismo Ministerio Público ( ¿?) . ( Por: Homero Pairazamán Gálvez ) (*) Abogado y periodista
