Es viable este reparto?
Por Epifanio Baca y Esteban Valle-Riestra.
En el debate realizado el último sábado en Chota, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lanzó una propuesta controversial: distribuir el 40% del canon que reciben las regiones directamente a los ciudadanos. La pregunta que cabe hacerse es si esta propuesta sería efectiva y se sostiene sobre los supuestos correctos. Para comenzar se trata de una propuesta clientelista que suena bien, pero es poco recomendable por su corto alcance y generador de inequidad. De aplicarse, tendría algún efecto solo en las regiones que concentran la mayor porción de las trasferencias; Cusco, Áncash, Arequipa, Tacna y Piura, en las demás los montos resultantes serían reducidos.
En Grupo Propuesta Ciudadana realizamos un cálculo preliminar distribuyendo el 40% de las transferencias por canon y regalías -mineras, petroleras y gasíferas- que recibieron las provincias en el 2020 entre el número de hogares, según el Censo Nacional 2017. Los resultados, como es previsible, son bastante heterogéneos.
Las provincias productoras (donde se localizan los yacimientos mineros o de hidrocarburos) obtendrían los montos por hogar más altos, mientras que en el resto de provincias de una misma región los montos serían menores. En Áncash la diferencia es de 19 a 1 entre el monto que recibiría cada hogar en la provincia de Huari (S/ 8294) y la provincia de Yungay (S/ 434); en el Cusco es de 6 a 1 entre el monto correspondiente a los hogares de la provincia de La Convención (S/ 4427) y Paruro (S/ 735); en Cajamarca de 10 a 1 con S/ 872 para la provincia de Hualgayoc y S/ 79 para la provincia de San Pablo. En las demás regiones como Piura, La Libertad y otras, los montos son pequeños como se puede ver en el gráfico adjunto.
Es posible interpretar la propuesta del Fujimorismo como una medida que busca paliar el rechazo que existe a la minería en las zonas donde esta actividad tiene presencia. Más aún, una medida diseñada para disputar el voto a su contendor, Pedro Castillo, quien ganó por amplia mayoría en estos territorios. Sin embargo, una medida como esta, podría producir un efecto contrario alimentando más controversias y disputas entre provincias.
Por ejemplo, en Áncash, 16 mil hogares en la provincia de Huari, donde opera la compañía minera Antamina, recibirían casi 9 veces el sueldo mínimo, mientras que 327 mil hogares de la vecina provincia de Huaraz recibirían S/ 398, poco más del costo de la canasta básica familiar. Llueve sobre mojado, en el sentido que en las provincias productoras ya se cuenta con el 20% destinado para el mantenimiento de infraestructura, que es utilizado para generar empleo temporal, y que en los hechos en el distrito de San Marcos se traduce en transferencias directas desde hace años.
Más aún, la propuesta Fujimorista partiría de un supuesto parcialmente errado. Tratar de contentar a las poblaciones de los territorios extractivos con dinero en efectivo como medio para reducir conflictos omite que la principal causa de los conflictos parte de la percepción en torno a las afectaciones sociales y ambientales que producen las actividades extractivas, especialmente las vinculadas a la gestión del agua.
Pensamos que se trata de una propuesta de corte clientelista que desviaría los recursos del canon que deben servir para financiar proyectos de inversión orientados al cierre de brechas y la diversificación productiva. En todo caso, si se insiste en la medida, lo más adecuado sería pensar en que esos recursos se destinen para cofinanciar la entrega de bonos universales a las familias más vulnerables del país, ya que, a fin de cuentas, los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos, no solo a los que viven en zonas mineras.
