En la construcción de un colegio en Caraz.
La Contraloría General reveló que el Gobierno Regional de Áncash no aplicó penalidades a la empresa ejecutora de la segunda etapa de la obra de “Mejoramiento de los servicios en la Institución Educativa Dos de Mayo” en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, a pesar que la constructora incumplió con el plazo de entrega y solicitó adicionales con deductivo vinculante; ocasionando a la entidad un perjuicio por S/ 830,532.00.
El Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 039-2019-2-5332, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Áncash, establece que funcionarios y servidores de la anterior gestión regional otorgaron conformidad y aprobaron de manera extemporánea el expediente técnico del adicional de obra con deductivo vinculante para modificar la ubicación del ingreso del nivel secundario de la institución educativa, pedido que fue hecho por el director del plantel mediante un memorial.
Es decir, el Gobierno Regional aprobó utilizar partidas presupuestales que no se ejecutaron para, en su lugar, construir el portón de ingreso de los estudiantes de educación secundaria en una zona con mayor accesibilidad vehicular; no obstante, dicho adicional fue admitido con montos distintos al precio referencial consignado en el expediente técnico. A ello se suma el que la empresa empezó a ejecutar dichos trabajos sin autorización y antes de que se apruebe el presupuesto adicional.
Esta situación fue advertida por el supervisor de la obra, sin embargo, la entidad hizo caso omiso y aprobó el presupuesto adicional, así como dos ampliaciones de plazo por un total de 52 días a favor de la constructora a pesar de que, en este último caso, no se cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ocasionando que no se le aplique una penalidad por mora por cada día de retraso, equivalente a S/ 830,532.00.
La ampliación de plazo se otorgó debido a que la entidad tardó 59 días en aprobar el adicional de obra. El proyecto, valorizado en S/ 8´305,320.00, empezó a ejecutarse el 13 de noviembre del 2017 y debió concluir el 10 de julio del 2018, sin embargo, la empresa terminó los trabajos en setiembre del 2018, evidenciándose un retraso en perjuicio de los estudiantes.
El informe, que identifica presunta responsabilidad en 7 funcionarios y servidores públicos, fue derivado al Gobernador Regional y el Consejo Regional de Áncash para que dispongan el inicio de las acciones administrativas correspondientes; asimismo, se recomendó al Procurador Público de la entidad iniciar las acciones penales contra los involucrados en este hecho irregular.
