César Hinostroza Pariachi (Jauja, Perú, 1956) es el protagonista excluyente del último escándalo de corrupción que golpea Perú, una crisis agravada por su fuga a España mientras era investigado por su rol como juez supremo y líder de una organización que vendía favores a políticos y delincuentes.
«¿Cuantos años tiene?, ¿diez años?, ¿once añitos? (…) ¿Pero está desflorada? (…) ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?», se pudo escuchar decir a Hinostroza en una grabación difundida por la prensa peruana el pasado 8 de julio.
Esa conversación, en la que Hinostroza, miembro de la máxima corte jurisdiccional del país, negocia una resolución sobre la violación de una menor, fue una de las decenas de grabaciones que marcaron la caída en desgracia del jurista y expusieron ante una atónita opinión pública peruana una red de criminalidad inserta en el Poder Judicial, con contactos y relaciones muy estrechas con la política.
Hinostroza, doctor en Derecho y juez supremo desde 2015, había tenido hasta la fecha una carrera en la judicatura que arrancó en 1982 como fiscal, que le llevó por todo el país y que terminó a mediados de la década del 2000 por conducirle a la Corte Superior de Justicia del Callao.
Allí, en el principal puerto de Perú y desde donde sale al mundo la mayor parte de la droga que se produce en el país, parece ser que el exmagistrado comenzó o desarrolló sus tratos irregulares, al menos según las primeras denuncias en su contra surgidas en la investigación que señalan que habría favorecido a narcotraficantes.
La mayor parte de los jueces vinculados a la red de Hinostroza, bautizada como «Los cuellos blancos del puerto», formaban parte de la Corte Superior del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, quien accedió al cargo recomendado por el exmagistrado hoy huido y quien se encuentra en prisión.
A la vileza de las primeras revelaciones se unieron poco después otras de mayor calado político, tras difundirse una grabación en donde coordinaba reuniones con una tal «Señora K», líder de la «fuerza política número 1», que presumiblemente se refiere a Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, el partido más votado y con mayoría en el Congreso.
Hinostroza también se habría reunido con el diputado y portavoz fujimorista Héctor Becerril, una de las figuras del partido.
La evidente relación con Fuerza Popular lanzó el caso a otra dimensión, así como la relación amical que otras grabaciones establecieron que existía entre Hinostroza y el fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry.
Los desmentidos se cruzaron de una a otra parte, pero la opinión pública peruana no pasó por alto el hecho de que Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, debía resolver un recurso de Keiko Fujimori que pedía archivar las investigaciones en su contra por lavado de activos.
Las indagaciones contra Hinostroza, protegido por inmunidad legal dado su cargo como juez supremo, avanzó con suspensiones de empleo e impedimentos de salida, mientras el Congreso analizaba la denuncia constitucional en su contra por su supuesto liderazgo de «Los cuellos blancos del puerto».
En una comparecencia ante el Congreso, el juez se defendió de la acusaciones declarándose perseguido político, negó cualquier relación con la «señora K» y con Fuerza Popular y solo se disculpó por usar «términos inapropiados» en las grabaciones que se le hicieron, que a su juicio no tienen ninguna validez legal.
El 28 de septiembre, la comisión permanente del Congreso votó por unanimidad destituirlo e inhabilitarlo, si bien el fujimorismo evitó que pudiera ser investigado por su pertenencia a «Los cuellos blancos del puerto».
La presión y la indignación ciudadana, empero, forzaron un cambio de opinión en el partido mayoritario y el pleno del Congreso optó por incluirlo en dicha investigación el 4 de octubre.
A partir de aquí se le perdió la pista pública, que solo volvió a aparecer después de que, el pasado martes 16, un diputado reclamara al Parlamento por no haber enviado a la Fiscalía el expediente que habilitaba la investigación y, en su caso procesamiento, del exmagistrado.
Tras una jornada de rumores, el miércoles 17 de octubre el Gobierno peruano confirmó que Hinostroza, sobre quien pesaba una orden de impedimento de salida del país desde el día 13 de julio, se encontraba en España.
Mientras la polémica se instaló en Perú en la asignación de culpas por esta huida, Hinostroza aún no dio señales de vida ni se sabe qué planes tendrá en España, salvo que aparentemente habría solicitado asilo político a las autoridades. (Álvaro Mellizo EFE)
