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hace 4 años,
La Contraloría General determinó que funcionarios y servidores públicos de las Unidades de Gestión Educativa Local UGEL Yungay y Santa, registraron, tramitaron, aprobaron y pagaron irregularmente incentivos laborales adicionales a favor de sí mismos y de otros trabajadores administrativos; afectando presupuestos destinados al pago de personal de las instituciones educativas y ocasionando perjuicio económico de S/ 3 157 590.76 a dichas entidades.
Los auditores de la Gerencia Regional de Áncash verificaron que tales pagos, a favor de un total de 88 trabajadores administrativos nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, se ejecutaron a pesar de no tener disponibilidad presupuestal y amparados en resoluciones que carecen de sustento técnico y legal.
En el informe de Servicio de Control Específico N° 9846-2020-CG/GRAN-SCE, correspondiente a la UGEL Yungay, se detallan los procedimientos irregulares que han generado un perjuicio de S/1 142 340.95 en contra de la entidad; además se presenta la lista de los 36 servidores que durante el 2018 se beneficiaron de tales pagos (que incluyó también, pese a que no correspondía, a personal por Contratación Administrativa de Servicios-CAS).
En la UGEL Santa se realizaron pagos durante el 2019 a 52 trabajadores administrativos, mediante cartas órdenes electrónicas en el Sistema Integrado de la Administración Financiera (SIAF), utilizando el usuario y la clave de una servidora fallecida y de otra que señala no haber dado su autorización; ocasionado un perjuicio económico de S/ 2 015 249.81 a la entidad, tal como se detalla en el Informe de Control Específico Nº 9830-2020-CG/GRAN-SCE
Las comisiones auditoras determinaron que son 13 funcionarios y servidores de las UGEL Yungay y 10 de la UGEL Santa quienes, en función de sus cargos y teniendo la custodia y administración de los recursos del Estado, adecuaron las planillas mensuales de los incentivos para lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas los apruebe como remuneraciones a favor de ellos mismos y de trabajadores administrativos que laboran en las sedes de las entidades.
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