El periodismo incomoda, pero sus lotes incomodan más: así intentan tomar la Villa del periodista.
La Villa del periodista, en Nuevo Chimbote, proyecto creado para ofrecer un espacio digno de vivienda a los hombres y mujeres de prensa en la provincia del Santa, Áncash, enfrenta un intento de invasión orquestado por empresarios de la construcción, ingenieros contratistas de obras públicas y hasta un pariente del actual consejero regional por esta provincia, Alex Peláez.
El hecho amenaza no solo la seguridad jurídica de los periodistas beneficiarios, sino también la integridad del propósito social del proyecto.
El periodista César Quino reveló esta semana que ocho personas ajenas al gremio periodístico solicitaron constancias de posesión a la Municipalidad Provincial del Santa, pese a no tener vínculo alguno con la asociación ni historial de posesión de los lotes en disputa. Estas solicitudes coinciden en fecha y redacción, lo que apunta a una acción coordinada y premeditada para despojar a varios periodistas del terreno que ocupan legalmente.
Villa del periodista y miembros bajo amenaza
Los comunicadores afectados —todos con procesos de titulación en trámite— son Wilfredo Peláez Olortegui, César Alegre Barahona, Manuel Morales D’Arrigo, Marco Villanueva Escobar, Nolberto Cabrera Cóndor y Alejandro Cerna Huerta. También se encuentran en esta lista César Huerta Cruz y Carlos Barreto, cuyo lote corresponde actualmente a su hija y esposa, tras su fallecimiento.
Nombres que revelan cuestionadas conexiones en Villa del periodista
Las personas que intentan apropiarse de estos lotes figuran en la misma secuencia de los periodistas afectados. Se trata de Luis Alexander Ponce Avelino, Ana Cristina Yamiled Alayo García, Juana Alicia Olivera Mendoza, Jesús Marvin Oliveros Contreras, Carol Angela Ascencio Argomedo y Yulio Alexander Peláez Vásquez. Completan la lista Mery Anayeli Aguilar Ríos y Carla Margot Vera Acosta.
Luis Alexander Ponce Avelino, ingeniero de profesión, actualmente supervisa obras de la segunda etapa del mejoramiento del estadio «Manuel Rivera Sánchez». Lo hace como parte del consorcio supervisor LPA, que firmó un contrato de 568 mil soles con el gobierno local. Junto a él labora Mayda Katherine Chinchay Morales, también contratada en este mismo proyecto.
Otro nombre que destaca es el de Jesús Marvin Oliveros Contreras, representante de la empresa Grupo Macri SRL dentro del consorcio Centenario. Esta agrupación empresarial ejecuta la segunda etapa del mismo proyecto deportivo. Oliveros registra antecedentes por corrupción: el Ministerio Público lo denunció por el presunto delito de colusión, con expediente penal N° 77-2023, en curso en la fiscalía anticorrupción.
Finalmente, Yulio Alexander Peláez Vásquez, quien también aparece entre los solicitantes, sería sobrino del consejero regional por la provincia del Santa, Alex Peláez. Su cuenta de Facebook confirma una cercanía directa con el funcionario, al compartir reiteradas publicaciones del mismo. Aunque la gestión de Peláez ha pasado desapercibida, este vínculo plantea serias interrogantes sobre el uso de influencias políticas en este intento de apropiación.
Llamado a las autoridades
Los periodistas afectados no se han quedado de brazos cruzados. Se preparan para remitir un informe formal al alcalde provincial Felipe Mantilla Gonzáles, solicitando que no se reconozcan las constancias de posesión a estas personas ajenas a la asociación. Argumentan que los solicitantes no solo no son periodistas, sino que tampoco viven ni han vivido en los lotes reclamados.
El caso de la Villa del Periodista no es un hecho aislado. Muestra cómo intereses privados y redes de poder locales intentan apropiarse de terrenos destinados a fines sociales, aprovechando vacíos normativos o debilidades institucionales.
La defensa de la Villa del periodista no solo representa una lucha por la propiedad
Esta denuncia expone un nuevo capítulo de abuso en perjuicio de quienes, paradójicamente, dedican su vida a denunciar los abusos. La defensa de la Villa del Periodista no solo representa una lucha por la propiedad, sino por el respeto a la misión del periodismo y su derecho a un espacio seguro y digno.
La ciudadanía y las autoridades deben estar alertas. Si este intento prospera, se sentará un precedente nefasto que premiará la influencia y la informalidad, en detrimento de quienes se esfuerzan por hacer país desde la verdad.
