Rodolfo Orellana capturado en Colombia, lideraba una red de corrupción ligada a COOPEX.
Si bien la noticia trae un positivo mensaje ejemplarizador en la recomposición moral de la función pública, la prisión preventiva de 18 meses confirmada por el Poder Judicial en contra del exalcalde de Nuevo Chimbote Juan Gasco Barreto y los guantes de seda usados en contra de otros personajes mayormente comprometidos, ponen en duda su convicción y compromiso para acabar con la impunidad que blinda a la corrupción en nuestra región.
Y es que esa trillada frase del caiga quien caiga, queda sin piso ante la acción selectiva de la justicia en nuestra región, quizá por manejo político o complicidad, pero que no permite que los brazos implacables de la ley les llegue a exmagistrados de probada participación en la red criminal que tejió Rodolfo Orellana a nivel nacional.
Sino veamos a dos personajes, un exalcalde y una exmagistrada, que dan lugar a dos noticias con tratos diferentes de justicia.
Uno, al desestimarse su apelación en la Sala Penal de Apelaciones, de tal manera que seguirá en calidad de prófugo de la justicia.
El otro personaje, una ex jueza, premiada en la época dorada de la corrupción con la Presidencia del Directorio de SEDACHIMBOTE, sale a declarar públicamente, en representación de esta entidad paramunicipal, oronda, sin movérsele una sola pestaña de la vergüenza por su participación directa en hechos que toda la región Ancash repudia, y que dejaron una estela sangrienta de sicariato y de violencia.
¿Quién es Liliana Otero Salinas? Para empezar, la Municipal Provincial del Santa que hoy la mantiene al frente del Directorio de SEDACHIMBOTE, la cuestionó en el 2010 por otorgar una medida cautelar a favor de Pesquera Rigel, lo que le permitió evitar su reubicación cuando todas las fábricas estaban obligadas a hacerlo.
Otorgó medidas cautelares para que inescrupulosos armadores consigan ilegalmente permisos de pesca, como es el caso de la empresa Negocios Pesqueros Océanos S.A.C. con su embarcación Perené 3.
Actuó de igual manera en favor de COOPEX, ligada a la red criminal de Rodolfo Orellana, que le permitió otorgar cartas fianzas para obras públicas, a pesar de no contar con el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Según la declaración del testigo protegido TRo3, fue asidua visitante de “La Centralita”, y junto al fiscal Dante Farro y otro fiscal, su esposo en ese entonces, se reunían de manera reservada con César Álvarez, para brindarle, presuntamente, protección jurídica y evitar que prosperen las denuncias en su contra.
Dos personajes ligados a la corrupción, dos destinos diferentes. Así camina nuestra justicia en Ancash.
