Áncash
La Centralita: Fiscalía retira acusaciones a 10 procesados
Durante los alegatos finales del proceso.
El Fiscal Provincial, Antonio Arévalo Castillo, solicitó al Colegiado del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional el retiro acusaciones contra 10 personas y una empresa en el caso “La Centralita” de corrupción en Áncash.
El fiscal Arévalo Castillo presentó la solicitud de retirada de las acusaciones durante los alegatos de clausura del caso ante el Colegiado, presidido por la jueza Nayko Coronado Salazar, el pasado viernes 18 de agosto de 2023.
El fiscal enfatizó que no pudo demostrar la responsabilidad de los acusados, razón por la cual decidió retirar la acusación.
Los beneficiados con esta solicitud incluyen a Martín Espinal Reyes (exconsejero regional por Pallasca), Hernán Molina Trujillo (exgerente general), Felipe Bermúdez Mendieta (exjefe de Imagen de la Sub Región Pacífico) y los comunicadores Kelly Pineda Bermúdez, Patricia Cárdenas Ávalos, Maximiliano Milla y Santos Monzón Faustino, entre otros.
Sin embargo, Carmina Cortez Roque, exfuncionaria de Chinecas, no recibió una exoneración completa; solo se retiró la acusación por el delito de peculado, mientras se mantuvieron los cargos por peculado de uso y asociación ilícita para delinquir.
La fiscalía admitió la falta de pruebas suficientes para obtener una sentencia condenatoria y absolvió a los otros nueve acusados al retirar la acusación.
Empresa Odebrecht, también, beneficiada.
La única persona jurídica beneficiada con la solicitud fiscal fue la constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú.
La resolución sobre la solicitud de retirada de acusación se decidirá en la próxima audiencia programada para el 31 de agosto, después de escuchar las objeciones de la Procuraduría Pública.
Durante el proceso, el representante del Ministerio Público describió “La Centralita” en Chimbote como un centro de corrupción donde se tramaban contratos públicos en Áncash mediante el cobro de sobornos.
También se mencionó la creación de una maquinaria para desprestigiar a opositores del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez, mediante pagos a jueces, fiscales y periodistas.
