Alejandro Sánchez: un poder en la sombra, regresa deportado

Es el dueño de la casa del pasaje Sarratea.

Poco después de las dos de la tarde de ayer, un vuelo chárter procedente de los Estados Unidos aterrizó en el Grupo Aéreo 8 de la capital. A bordo venían 150 deportados, pero solo uno captó la atención de las cámaras: Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la famosa casa del pasaje Sarratea en Breña.

Esta casa fue un centro de poder durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, donde acudían ministros, congresistas, funcionarios y lobbistas relacionados con concesionarias beneficiadas por jugosos contratos estatales.

Sánchez tiene una orden de prisión preventiva de 30 meses, dictada por el Poder Judicial en noviembre de 2022 y ratificada en segunda instancia cuatro meses después. Sin embargo, él ha estado prófugo durante más de un año y medio.

Deportado de los Estados Unidos de Norteamérica.

La mayor parte de este tiempo lo pasó en un centro de detención en Texas, tras ser detenido por intentar ingresar a Estados Unidos de manera irregular desde México.

A pesar de sus intentos de evitar su regreso a Perú, finalmente fue deportado. Su llegada marca un hito importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad del gobierno anterior.

Para recordar el contexto, Sánchez no jugó un papel marginal durante la administración de Pedro Castillo. Según la tesis fiscal, su vinculación con Castillo comenzó desde la campaña electoral, cuando el candidato de Perú Libre llegó sorpresivamente a la segunda vuelta.

El Ministerio Público sostiene que en ese momento se formó un equipo conformado por Nenil Medina (exalcalde de Anguía), Abel Cabrera (empresario de Chota), Juan Silva Villegas (exministro de Transportes y Comunicaciones) y el propio Sánchez.

Este grupo financió la campaña y brindó soporte logístico a Castillo.

Un colaborador eficaz afirmó que Sánchez aportó más de medio millón de soles para la campaña previa a la segunda vuelta de 2021, dinero que no fue declarado ni bancarizado.

Además, cubrió los gastos de Castillo y su familia en Lima, albergándolos en su casa de Breña. Este apoyo le otorgó a Sánchez y sus asociados un poder considerable al inicio del gobierno de Perú Libre, permitiéndoles nombrar personas en cargos importantes para orientar licitaciones que les permitieran recuperar su inversión con creces.

Sánchez habría influido en la designación de Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo en el Ministerio de Vivienda (el primero como ministro y el segundo como jefe del gabinete de asesores), así como en la creación del decreto de urgencia 102, que financió una serie de obras en diversas regiones, con la finalidad de obtener una tajada por cada una de ellas.

Según la fiscalía, Sánchez se encargaba de captar a los alcaldes de diferentes localidades del país, prometiéndoles que sus proyectos serían incluidos en dicho decreto para ser financiados.

Corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Su regreso a Perú es un paso crucial para desenmascarar la red de corrupción que prosperó durante el gobierno de Pedro Castillo. Muchos de sus seguidores, aliados y colaboradores continúan negando la existencia de esta red, pese a las evidencias.

Sin embargo, no debemos olvidar que todavía hay otros prófugos que deben enfrentar a la justicia, como Juan Silva, y otros a quienes nadie parece buscar, como Vladimir Cerrón.

Hasta que estos individuos sean capturados, el rompecabezas de la corrupción del gobierno de Castillo permanecerá incompleto.