Perú
Recuento de votos vuelve a la ley electoral peruana tras 60 años
Gobierno promulga ley que restablece.
El Poder Ejecutivo restableció el recuento de votos en la normativa electoral peruana al promulgar la Ley N.º 32299, tras más de seis décadas de ausencia.
Esta modificación a la Ley Orgánica de Elecciones entrará en vigencia a partir de los comicios generales de 2026, marcando un cambio significativo en los procedimientos de verificación electoral.
La norma, aprobada por el Congreso a inicios de abril, busca reforzar la transparencia, legitimidad y confianza pública en los procesos electorales, en un contexto en que los cuestionamientos a los resultados han aumentado en los últimos años.
El recuento de votos estará regulado bajo criterios estrictamente definidos, y solo podrá aplicarse en casos donde se detecten errores materiales o inconsistencias en las actas de votación.
En concreto, la ley modifica seis artículos de la Ley Orgánica de Elecciones, detallando los pasos que deberá seguir la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para realizar un recuento válido. Un aspecto clave es que esta entidad ya cuenta con la facultad y la infraestructura necesarias para custodiar las cédulas de sufragio, lo que hace técnicamente viable el procedimiento.
Con esta medida, el Estado busca garantizar mayor control y claridad en el escrutinio electoral, especialmente en procesos reñidos o donde se presenten impugnaciones justificadas. Organismos electorales, partidos políticos y la ciudadanía deberán ahora adecuarse a esta nueva disposición, que promete ser uno de los elementos clave en la organización de las elecciones de 2026.
Análisis de impacto político del recuento de votos
La reintroducción del recuento de votos podría tener implicancias políticas importantes en los próximos comicios, especialmente en escenarios de resultados ajustados o cuestionamientos por fraude. En un país donde la polarización electoral ha marcado los últimos procesos, esta medida puede ser vista como un intento de prevenir conflictos poselectorales y ofrecer a los actores políticos una herramienta institucional para resolver controversias sin recurrir a la judicialización o la confrontación callejera.
