El Congreso aprueba una ley que amenaza la Amazonía.
El Congreso aprobó la Ley 31973 Amazonía en la madrugada del 11 de enero y generó una fuerte preocupación nacional. La decisión ignoró opiniones técnicas, el rechazo ciudadano y las alertas de los pueblos indígenas. Los congresistas votaron la reforma sin debate real y sin respetar su reglamento interno. La ley entró en vigencia cuando apareció en el diario oficial El Peruano, a pesar de dos pedidos de reconsideración que aún esperaban discusión en el Pleno.
Los cambios favorecen la regularización de la deforestación ilegal
La norma modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y abre la puerta a la regularización de áreas deforestadas sin autorización. Diversas organizaciones indígenas, ambientales y de la sociedad civil denunciaron que estos cambios incentivan actividades ilegales, reducen la protección de los bosques y afectan territorios indígenas. Las agrupaciones señalaron que el Congreso actuó sin cumplir el derecho a la consulta previa, un derecho que la Constitución reconoce para los pueblos originarios.
Organizaciones exigen que el Ejecutivo revierta la reforma
Los líderes indígenas advirtieron que la ley pone en riesgo los bosques amazónicos y las comunidades que los protegen. Las organizaciones pidieron al Ejecutivo y al Tribunal Constitucional que frenen esta reforma. Los especialistas coincidieron en que la norma debilita la lucha contra la deforestación y beneficia a quienes destruyen la Amazonía. La sociedad civil anunció nuevas movilizaciones y un seguimiento permanente para evitar más retrocesos ambientales. La historia de la Amazonía sigue abierta y el país enfrenta una decisión clave: fortalecer la protección de sus bosques o ceder ante intereses que los destruyen.
La propuesta que afecta la Amazonía avanzó en el Congreso con un proceso legislativo irregular y acelerado que expone la presión empresarial y los intereses políticos detrás de su aprobación.
El Congreso aprobó la norma el 7 de julio de 2022, pero el Ejecutivo la observó el 8 de agosto porque distorsionaba el sentido de la Ley Forestal. La iniciativa pasó al archivo en marzo de 2023, aunque regresó a la agenda legislativa cuando la congresista fujimorista Nilza Chacón Trujillo presentó una reconsideración el 14 de diciembre.
Ese pedido llegó apenas un día después de que la Confiep enviara un oficio al Parlamento y solicitara la aprobación de la propuesta. Esta secuencia refuerza las sospechas de que el proceso no respondió al interés público, sino a presiones privadas que buscan flexibilizar el control de la deforestación en la Amazonía.
ANGR rechazo unánime
La norma que el Congreso acaba de promulgar entrará en vigencia el 12 de enero de 2024, pero ya provoca un rechazo contundente desde diversos sectores.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) cuestionó las modificaciones a la Ley Forestal porque el Parlamento impulsó la Ley 31973 Amazonía sin consulta y mediante un procedimiento que, según señalaron, vulneró la legalidad.
