Un pedido de alto impacto político.
Dina Boluarte exige pensión vitalicia y un conjunto de beneficios estatales que la Ley y el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016 otorgan a los expresidentes del Perú. La exmandataria envió su solicitud al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y pidió activar todos los privilegios que la norma establece para quienes ocuparon la jefatura del Estado.
El programa Cuarto Poder reveló el oficio que Boluarte presentó a inicios de noviembre. El documento detalla su pedido de una pensión mensual que puede ubicarse entre S/26 000 y S/35 000. Este rango depende de la evaluación del Consejo de Ministros y de la validación congresal del incremento salarial que Boluarte aprobó en su propio mandato, cuando elevó su sueldo de S/15 600 a S/35 568.
El pedido de la exmandataria generó debate público porque llega en medio de un clima político tenso y de cuestionamientos ciudadanos al uso de recursos estatales.
Los beneficios adicionales incluidos en el requerimiento
Boluarte también solicitó un vehículo oficial de uso permanente, la contratación de un trabajador CAS de su elección con un salario mensual de S/3 700, el suministro de 150 galones de combustible y la continuidad de su seguro privado de salud. Todos estos beneficios forman parte del Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016, que regula el apoyo logístico para los expresidentes.
El especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios Martín Cabrera Marchán señaló que una acusación constitucional aprobada por el Congreso puede suspender temporalmente los pagos y beneficios. Esa suspensión se mantiene hasta que un proceso judicial emita una sentencia que absuelva al exmandatario. Cabrera explicó que la normativa actual no evalúa el desempeño del presidente ni contempla restricciones por sanciones políticas como la destitución.
Las investigaciones fiscales que complican su escenario
El pedido de Boluarte ocurre mientras avanza una serie de investigaciones fiscales de alto perfil y mientras Dina Boluarte exige pensión vitalicia ante el Congreso. El Ministerio Público revisa su presunta responsabilidad en las decenas de muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Los familiares de las víctimas piden justicia y cuestionan la demora en las diligencias.
Otra investigación revisa su presunta participación en el uso indebido del vehículo presidencial, conocido como el Cofre, para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Además, la Fiscalía indaga su supuesta intervención en la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Un proceso adicional analiza su rol en el llamado “caso cirugía”, donde se discute si cometió omisión de actos funcionales o abandono de cargo durante procedimientos médicos que revelaron irregularidades.
La destitución que definió su salida del gobierno
El Congreso destituyó a Boluarte en octubre al declarar su “permanente incapacidad moral” frente a la expansión del crimen organizado. La exmandataria salió del poder en medio de tensiones internas, protestas ciudadanas y denuncias sobre decisiones políticas que marcaron su gestión.
La solicitud que Dina Boluarte exige pensión vitalicia se presentó semanas después de su salida. El pedido generó un debate intenso porque el país aún discute las consecuencias de su administración y las responsabilidades derivadas de sus decisiones.
Un debate que enfrenta privilegios y responsabilidad pública
El Congreso debe evaluar el pedido y decidir si otorga los beneficios que Boluarte exige. La discusión avanza mientras la ciudadanía pide transparencia en el uso de fondos públicos y una revisión integral de los privilegios que reciben los expresidentes.
El proceso marcará un precedente político y social. El país seguirá atento a la decisión final del Parlamento y a las implicancias que este caso tendrá sobre el sistema de beneficios estatales y la responsabilidad pública de quienes ocuparon la presidencia.
