Justicia y Corrupción
Reincidente de la UGEL Pallasca recibe nueva condena pese a tener sentencia previa
La Sala Penal confirma la condena
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la sentencia suspendida UGEL Pallasca contra el exfuncionario Edgue Anibar Reyes Vivar, quien ya contaba con una condena previa. Los magistrados Daniel Vásquez Cárdenas, Niczon Espinoza Lugo y Mardeli Carrasco Rosas revisaron la apelación del acusado y decidieron mantener el fallo original.
El caso de concusión en la UGEL Pallasca
El tribunal confirmó tres años de pena suspendida por dos años, cinco años de inhabilitación y el pago de 10 000 soles por reparación civil. Los jueces concluyeron que Reyes Vivar cometió el delito de concusión cuando exigió dinero a la trabajadora Sarita Coronel Reyes. El caso ocurrió en 2018, cuando el sentenciado actuaba como jefe de personal e integrante del comité de contratación administrativa de la UGEL Pallasca.
La docente denunció que el funcionario le pidió 3 000 soles para renovar su contrato. Ella depositó 2 500 soles en la cuenta del imputado el 24 de febrero de 2018. Luego de la entrega, el exfuncionario presionó para recibir el monto completo. La trabajadora rechazó el pago final y la UGEL ya no renovó su vínculo laboral.
La polémica por la segunda suspensión de la pena
La nueva decisión generó cuestionamientos porque el Código Penal reserva la suspensión de pena para los llamados “reos primarios”. El abogado Jorge Enrique Sifuentes indicó que un condenado no puede acumular dos penas suspendidas y señaló que la reincidencia del acusado obligaba a ejecutar la pena. Diversos especialistas recalcan que la sentencia suspendida UGEL Pallasca contradice el artículo 57 del Código Penal, que exige que el beneficiario no sea reincidente, condición que Reyes Vivar ya perdió.
Reyes Vivar recibió una sentencia por exacción ilegal en 2021 debido al caso «La repartija de incentivos laborales» en la UGEL Pallasca, fallo que motivó su destitución. El nuevo caso reafirma un patrón de conductas ilícitas y plantea la necesidad de revisar los criterios judiciales que permiten que un reincidente mantenga libertad pese a dos fallos condenatorios.
El caso vuelve a evidenciar cómo la corrupción en Áncash en pequeñas oficinas públicas afecta trabajadores vulnerables y erosiona la confianza en las instituciones.
